Asesinato de cuatro líderes asháninkas


Rodrigo Montoya Rojas

Mientras usted lee esta columna, centenares de colonos pagados por depredadores ilegales cortan árboles de madera fina como el cedro en bosques que pertenecen a las comunidades nativas, a reservas o parques nacionales, y los llevan por los ríos hasta las ciudades grandes, de allí a Lima y, luego, a México y Estados Unidos.

Madereros legales e ilegales, o ambas cosas a la vez, tienen diversas redes formadas con taladores, intermediarios, comerciantes, autoridades forestales regionales y locales, autoridades políticas, jueces y fiscales, autoridades políticas.

Esta es una historia que comenzó hace mucho tiempo, tal vez hace más de doscientos años. Con el tiempo van precisándose los rasgos de lo que ahora se llama “asociaciones para delinquir”.

Por vías paralelas, muy cercanas, otras redes se encargan de buscar peces, cueros de animales, oro, pasta básica y cocaína; desde alturas mayores, muchas empresas multinacionales buscan gas y petróleo. La fuente es siempre la misma: la Amazonía.

A los gobiernos mal llamados nacionales les corresponde el tristísimo papel de dar concesiones, vender, regalar, autorizar (“dar permisos”) o hacerse de la vista gorda y dejar que esas redes hagan su trabajo y unos pocos se enriquezcan y formen parte del uno por ciento de la población que tiene todo lo que quiere y más. También las víctimas siguen siendo las mismas: las comunidades nativas y sus líderes que las defienden.

Desde hace 10 años Edwin Chota Valera -dirigente de la comunidad asháninka de Alto Tamaya-Saweto, en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, en el departamento de Ucayali, muy cerca de la frontera con Brasil- tocó las puertas ante muchas instituciones oficiales en Pucallpa y Lima, para denunciar la tala ilegal de árboles en los territorios comunales. Buscó también el reconocimiento legal de su comunidad y la titulación de su territorio que les pertenece desde hace miles de años.

Antes de la invasión española, toda la cuenca amazónica estaba poblada por cerca de un millar de pueblos indígenas en lo que hoy es un vasto espacio que pertenece a Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Surinam y las Guayanas francesa e inglesa. Autoridades de diverso rango le dejaron hablar, le oyeron, incluso en la Defensoría del Pueblo.

Dijo que estaba amenazado de muerte. Hay videos en Youtube, huellas de su palabra en periódicos como El Comercio, pero en Perú nadie lo tomó en serio. La revista National Geographic sí, también la Fundación Nacional del Indio, FUNAI, antigua organización brasileña.

Hace tres semanas, el primero de setiembre, quienes los amenazaron cumplieron su palabra y lo mataron. Edwin Chota cayó junto con sus compañeros Leoncio Quincima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez. Tres semanas después, no ha sido posible recuperar todos los restos de las víctimas.

Se sabe poco o nada de los beneficiarios de las redes de tala de árboles en esa lejana región de Ucayali. No sé si ya se abrió algún proceso judicial para identificar y castigar a los responsables.

Son numerosas en los medios de comunicación las condenas de esos cuatro asesinatos; también el presidente de la Republica exige castigo. Entre ese deseo desde el vértice del Estado y la comunidad Ashaninka de en Ucayali hay una enorme distancia. Se oye el silencio del Ministerio del Ambiente y de los organismos forestales.

En la irresponsable distribución de responsabilidades y de irresponsabilidades, dejada por el señor Alan García Pérez al crear el Ministerio de Cultura, le correspondería intervenir a Patricia Balbuena como viceministra de interculturalidad.

Ella ha mostrado su preocupación pero es muy poco lo que puede hacer porque la tala de árboles, la destrucción de la Amazonía y el asesinato de los cuatro dirigentes asháninkas, tiene poco o nada que ver con interculturalidad y sí con los ministerios del Ambiente, de Energía y minas, con el propio presidente de la república y el código penal. Por esos rumbos diferentes y contradictorios dentro del propio Estado es posible que la impunidad siga reinando.

El asesinato de estos cuatro dirigentes Ashaninkas vuelve a colocar el tema del reconocimiento del territorio comunal como una cuestión central. Los mejores defensores de los bosques son los pueblos indígenas pero sus territorios no han sido reconocidos ni titulados en muchas zonas de la amazonia particularmente entre los Ashaninkas del Rio Ucayali.

Los procesos de reconocimiento y titulación se ven bloqueados por que aparecen terceros como concesionarios de territorios forestales, reconocidos por el propio Estado. Ocurre que los arboles como el Cedro, Ishpingo, Copaiba y Lupuna se encuentran en territorios comunales.

De dos cosas una: se reconoce y titula un territorio comunal o se favorece a los concesionarios sacrificando a los pueblos indígenas. No se puede estar con Dios y con el Diablo.

Lamentablemente, todo el discurso pro-amazónico de la llamada “Gran Transformación” se ha vuelto humo porque el presidente Humala privilegia la concesión a inversores privados de los llamados recursos naturales, con el cuento de que ese es el camino del llamado desarrollo.

Con la reciente ley 30230 el gobierno insiste en parte de la misma propuesta de Alan García que provocó la gran rebelión amazónica del 2008 y 2009.

El nuevo paquetazo que se anuncia para favorecer el crecimiento de la economía apunta en la misma dirección de aquel bodrio de tesis política llamado “Perro del hortelano”.

¿Aprendió algo Ollanta Humala de la esa rebelión? Todo indica que no. Como siempre, se agregan más leños al mismo fuego. Ya sabemos que la madera seca arde con más rapidez.

http://diariouno.pe/columna/asesinato-de-cuatro-lideres-ashaninkas/

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