Perú: Esterilizaciones forzadas, un camino a la justicia

Entre los años 1996 y 2000, el gobierno presidido por Alberto Fujimori implementó el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF), una política de Estado que violentó los derechos humanos de miles de mujeres, la mayoría de ellas indígenas, de manera sistemática y generalizada. La Comisión del Congreso de la República que investigó el caso en el 2002 estimó que el número de víctimas asciende a 314.605.

Investigaciones independientes y testimonios revelan los métodos empleados para cumplir las metas numéricas de ligaduras de trompas establecidas en el PNSRPF: chantaje a las madres que recién daban a luz con no inscribir a sus hijos en el Registro Civil, amenazas con realizar abortos a las mujeres embarazadas, visitas casa por casa advirtiendo que volverían con la policía si las mujeres no iban al centro de salud, festivales y campañas, incentivos económicos a los maridos, ofrecimiento de alimentos, entre otros.

Lo cierto es que el Comité Latinoamericano y del Caribe de los Derechos de la Mujer (Cladem) concluyó que sólo el 10% de las mujeres que fueron esterilizadas en aquel periodo dieron su «consentimiento genuino».

El camino hacia la justicia y reparación ha sido –y sigue siendo– largo, tortuoso, difícil. Detrás de este crimen, que podemos calificar de genocidio porque estaba dirigido específicamente a mujeres indígenas, está el racismo, según el cual la pobreza es consecuencia de la ignorancia y las mujeres indígenas somos incapaces de decidir cuántos hijos/as tener. Los indígenas en general y con mayor énfasis las mujeres indígenas, somos considerados y consideradas como ciudadanos y ciudadanas de tercera categoría. En consecuencia, el Estado no solo incumple su deber de proteger nuestros derechos sino que también los vulnera con sus políticas.

El Ministerio Público y el Poder Judicial han ampliado año tras año los plazos de investigación y pretenden reducir los casos “comprobados” a unas cuantas decenas y excluir la autoría mediata de Alberto Fujimori y sus tres ministros de Salud que se sucedieron en el cargo durante la implementación del PNSRPF: Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta. Hubo también archivamientos sucesivos, pero el caso de Mamérita Mestanza, una de las mujeres que murió a consecuencia de la esterilización forzada de la que fue víctima, fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado peruano llegó a un acuerdo amistoso que lo obliga a sancionar y reparar todos los casos.

EL 6 de noviembre del 2015, fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N°006-2015-JUS que declara de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre 1995 – 2001 y crea el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con esta norma se establece un marco jurídico para implementar la asistencia legal gratuita, acompañamiento psicológico y atención de salud integral, correspondiendo al Ministerio de Economía y Finanzas brindar el presupuesto necesario para la implementación adecuada y oportuna de esta norma.

Sin embargo, la creación del REVIESFO no se genera en el marco de una política de reparaciones, que es lo que correspondería y lo que las víctimas han demandado todo este tiempo. Además, la información para acceder a este registro es limitada, sin un enfoque intercultural, de difícil acceso y exclusivamente en español, cuando la mayoría de las víctimas son quechua hablantes.

Las víctimas, frente a todo lo anterior, no se han quedado impasibles y han formado diversas organizaciones. Existe además el Grupo de Reparaciones de Esterilizaciones Forzadas (GREF), un colectivo que articula a organizaciones de víctimas, instituciones y profesionales en forma individual, del cual ONAMIAP, con el apoyo de IWGIA, forma parte. Su propósito principal es promover los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral para las personas, especialmente mujeres, que en el Perú fueron víctimas de esterilizaciones forzadas durante la década de los noventa.

Un problema grave es la falta de accesibilidad a la información. Es indispensable que las instituciones estatales responsables lleguen hasta las comunidades, porque para las mujeres indígenas es muy difícil trasladarse a las ciudades, por lo que este proyecto se propone incidir ante las autoridades para lograrlo.

IWGIA apoya a ONAMIAP en un programa que plantea el empoderamiento de las mujeres indígenas para exigir justicia y reparación en los casos de esterilizaciones forzadas, a través de su capacitación y organización, así como la sensibilización a los organismos públicos y la sociedad civil. Para que casos como este nunca más se repitan.

Agradecemos a Alberto Chirif por permitirnos compartir este vídeo.