Cómo desapareció la página once
Héctor Béjar Rivera
Dueña ilegal de los yacimientos de La Brea y Pariñas en virtud del írrito Laudo de 1929 y sin pagar impuestos, la International Petroleum Company, IPC, obtuvo leyes favorables en 1941 con el gobierno de Prado y en 1952 con el de Odría.
Pagó periodistas que se encargaron de atacar a quienes discutían el Laudo, sobornó jueces y creó un poder intocable e impune que se expresó por medio del diario La Prensa de Pedro Beltrán y sus editorialistas.
Luis Miró Quesada y El Comercio asumieron la defensa de los intereses nacionales junto con Alberto Ruiz Eldredge, decano del Colegio de Abogados, el general César Pando Egúsquiza, presidente del Comité de Defensa del Petróleo, Alfonso Benavides Correa y centenares de personalidades de todos los sectores. Hay que hacer justicia a Germán Tito Gutiérrez, Augusto Zimermann Zavala, Efraín Ruiz Caro, Santiago Agurto Calvo y muchos otros ciudadanos que sostuvieron la lucha ideológica y jurídica contra la prepotencia de la IPC.
Los impuestos se habían acumulado por más de 30 años. El decano del Colegio de Contadores de Lima Juvenal Santa Cruz, apenas fue nacionalizada la empresa por decisión de las Fuerzas Armadas, declaró que solo en los últimos quince años antes de 1968, los adeudos de la IPC llegaban a los 144 millones de dólares y los yacimientos no alcanzaban a saldar lo adeudado.
LOS NOVENTA DÍAS
Al asumir la presidencia en 1963, Fernando Belaunde ofreció resolver el problema de La Brea y Pariñas en noventa días.
Envió al Congreso un proyecto de ley que declaraba nulos el Acuerdo, Convenio y Laudo de París. El Congreso lo aprobó sin mayores detalles, pero no se pronunció sobre los impuestos que se debían ni sobre la presencia de la refinería en manos de la IPC.
Mientras tanto, se permitía a la IPC el desmantelamiento de sus instalaciones y la exportación de sus capitales a su central la Standard Oil. Nadie decía nada en el gobierno por temor o complicidad con los Estados Unidos.
El general Juan Velasco Alvarado fue nombrado Comandante General del Ejército y presidente del Comando Conjunto. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas seguía de cerca el curso de los acontecimientos. Con un grupo de coroneles: Rafael Hoyos Rubio, Enrique Gallegos, Leonidas Rodríguez y Jorge Fernández Maldonado, Velasco ordenó la elaboración del Plan Inca para la transformación del Perú mientras se discutía el Acta de Talara.
El Plan Inca decía en la parte correspondiente a petróleo: “1) Anular el contrato suscrito el 12 de agosto de 1968 con la IPC así como el Acta de Talara y todas las acciones conexas; 2) expropiar los bienes de la IPC y cobrarle los adeudos al Estado”.
El directorio de la EPF estaba formado por representantes de la Federación Nacional de Colegios de Abogados, la Sociedad Nacional de Industrias, del Colegio de Ingenieros y por el general Alberto Maldonado Yáñez, delegado del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, que mantenía informado a Velasco, presidente del Comando Conjunto, de todo lo que iba sucediendo.
TODO PARA LA IPC
El primero de agosto se iniciaron las conversaciones del gobierno con la IPC. Participaron el ministro de Fomento Pablo Carriquiry, el gerente de la EPF Carlos Loret de Mola, el gerente de la IPC Fernando Espinoza y el subgerente Eduardo Elejalde.
Lo que la IPC consiguió en esa reunión fue que se le “obligue” a ampliar las instalaciones de Talara para refinar 80,000 barriles diarios (su producción era de 54,000 barriles) y se le “obligue” a instalar una unidad de craqueo catalítico para mayor octanaje de la gasolina; que se le permita fabricar lubricantes y ampliar su planta de almacenamiento.
Además de entrar en las ventajas de la Ley 11780 dada por Odría que le reducía los impuestos hasta la práctica exoneración, la EPF estaría obligada a vender en exclusividad a la IPC durante 6 años el crudo que extraiga de La Brea y Pariñas. Y se concedería a la IPC ¡un millón de hectáreas en la selva a cambio del territorio de los yacimientos!
Belaunde había nombrado como gerente de la Empresa Petrolera Fiscal a Carlos Loret de Mola. La amistad entre ambos provenía de los nexos pierolistas entre Rafael Belaunde, padre del presidente, y la madre de Loret de Mola. Minero e ingeniero de profesión, entusiasmado por los arrestos reformistas de Belaunde, Loret de Mola trabajó ad honorem en la Junta de Obras Públicas de Lima durante cuatro años, abandonando sus negocios particulares. Cuando no quiso aceptar el fraude de la página once lo ridiculizaron y ni le dieron las gracias por los servicios prestados.
INTERVENCIÓN DE EEUU
Aunque a partir de la decisión del Congreso se suponía que la propiedad de los yacimientos había pasado a la EPF, la IPC seguía comportándose como si nada hubiera sucedido.
En la noche del 12 de agosto, Loret de Mola fue llamado a Palacio. Allí encontró a Belaunde, el primer ministro Osvaldo Hercelles y a Fernando Espinosa, el gerente de la IPC, con ejecutivos de la empresa norteamericana y diplomáticos de los Estados Unidos. Una muestra de la directa intervención de los Estados Unidos en apoyo de la IPC, intervención grosera tolerada por el gobierno.
Amanecieron discutiendo con Espinoza el precio del petróleo crudo de los pozos de La Brea y Pariñas, los costos de los servicios de la IPC, los costos en energía eléctrica, maquinaria etc., para perforar y extraer petróleo. Belaunde estaba apuradísimo para montar el show de la supuesta transferencia.
A las seis de la mañana firmaron el contrato de ventas y servicios. Loret de Mola anotó de puño y letra, en la última página del contrato, la once, el precio mínimo garantizado que la IPC le cobraría por barril a la EPF: ¡un dólar y ocho centavos por barril!. Se estimaba que para que la EPF no quiebre, el precio no debería ser inferior a los dos dólares con treinta centavos. En el siglo XXI el barril llegó a cien dólares.
Se sacaron copias en el sistema de xerografía de la oficina de Julio César Quintanilla secretario de la presidencia de la República y cuando se retiraban de Palacio, el Primer Ministro le pidió las dos copias xerográficas a Loret de Mola. No era momento para recelos y este pidió que le mandaran después copias del contrato original.
EL ACTA DE TALARA
El 13 de agosto se firmó el Acta de Talara. Se dijo con gran despliegue a los diarios que el Estado había recuperado La Brea y Pariñas. El Acta fue firmada con gran pompa por Belaunde, el presidente del Senado Carlos Manuel Cox, el presidente de la Cámara de Diputados Andrés Townsend Ezcurra y por los altos funcionarios de la IPC.
Pasaron las semanas y Carriquiry no remitía copias del contrato. Cuando Loret de Mola hizo petición formal por oficio a Carriquiry este respondió despreciativamente que pida copias a la Notaría Céspedes. Finalmente, a tanta insistencia, Carriquiry le envió una copia Xerox. ¡Tenía una página menos! Habían desaparecido la página once donde estaban los precios y alargado groseramente la página 10 para que entren las firmas que estaban al final del texto. ¡Era una falsificación!
Loret de Mola se indignó. Además de que asumía una gran responsabilidad individual al aceptar el fraude, se sentía maltratado. De acuerdo con su directorio salió a la televisión y denunció el hecho el 13 de setiembre. El directorio renunció en pleno.
Mostró a los televidentes que una parte de la firma del gerente general de la IPC en la página 10 del contrato quedaba fuera del tamaño de una hoja de papel sellado. Esto significaba que Espinoza había firmado en el aire o que lo hizo en la copia Xerox y no en el original del contrato. Según el gobierno el contrato tenía diez páginas. Según Loret de Mola, once. La última había desaparecido.
Los ministros de Belaunde lo ridiculizaron. El primer ministro Osvaldo Hercelles comentó cínicamente en una conferencia de prensa: “Ojalá que el señor Loret de Mola no nos venga también con que se le ha perdido una página de su renuncia”.
Hacía tiempo que Loret de Mola se había dado cuenta de que todo era una farsa. La IPC conservaba la refinería de Talara, el sistema de distribución nacional del combustible y las Concesiones Lima. Al quedar dueña de la refinería, tenía la sartén por el mango como única compradora para fijar los precios del crudo.
La EPF quedaba en la práctica como una subsidiaria de la IPC, obligada a venderle todo el petróleo de los yacimientos. A la vez el directorio quedaba sujeto a consultar todos sus actos al Ministerio de Fomento y el Ejecutivo donde mandaba Manuel Ulloa, el ministro de Hacienda.
EL 3 DE OCTUBRE
El 2 de octubre renunció el primer ministro Osvaldo Hercelles.
El 3 de octubre, Belaunde fue desalojado de Palacio por las Fuerzas Armadas. Esa mañana, Velasco leía la primera proclama revolucionaria. No se trataba de un golpe de Estado más, como tantos de nuestra historia. Se iniciaba un proceso de transformaciones estructurales de verdad.
El 9 de octubre fueron ocupados por el ejército los yacimientos y la refinería.
El Perú estalló de júbilo. Las banderas peruanas ondearon en todo el país.
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