Perú: Se debe superar el rol subsidiario del estado

Jorge Manco Zaconeti

El modelo reconocido como neoliberal está en crisis en el Perú y el mundo. Por ello urge más que una reforma una nueva visión del rol del Estado en la economía y sociedad. Urge superar la relación del Estado con un mercado global y a nivel país, altamente concentrado como lo están la producción y la propiedad.

Los últimos movimientos sociales nos alertan del agotamiento del modelo económico y social instaurado desde los años noventa del siglo pasado, que secreta mayor desigualdad social y corrupción, a pesar de un relativo crecimiento económico y disminución relativa de la pobreza.

Haber tenido un crecimiento inducido por la bonanza externa de los precios de las materias primas como de los productos mineros y agroindustriales en el período 2001/2020 no garantizan la prosperidad ni el crecimiento sostenido. Así, cabría interrogarse ¿cuántos peruanos han regresado a la pobreza social como producto de la actual crisis económica y sanitaria?

ESTADO SUBSIDIARIO

Si se reconoce que el principal problema de la sociedad peruana es la falta de empleo, los altos niveles de subempleo, la inseguridad ciudadana, la fragilidad de los sistemas públicos de salud y educación, el Estado no puede seguir cumpliendo constitucionalmente un rol subsidiario.

El Estado no puede tener un rol subsidiario en la economía. Ello no significa volver a la recreación de numerosas empresas públicas, como se tuvieron desde los años setenta del período revolucionario de la Fuerza Armada con Velasco Alvarado, las mismas que terminaron en el más obtuso populismo con el “modelo heterodoxo” de García Pérez.

Empresas estatales que fueron privatizadas en su mayor parte en la década de los noventa del siglo pasado por el gobierno mafioso de Fujimori-Montesinos que pensaba entronizarse en un período de 20 años. El proceso privatizador se constituyó en un proceso de transferencia de riqueza desde el Estado hacia los grupos de poder y empresas transnacionales, y hoy estamos asumiendo las consecuencias.

Existen una serie de hechos y políticas que hacen evidente la falacia teórica y política del llamado rol subsidiario del Estado en la economía como lo establece la Constitución fujimorista de 1993.

REACTIVA CON SUBSIDIOS

La más importante es el programa “Reactiva Perú”, donde se han transferido S/60 mil millones de soles, aproximadamente US$17 mil millones de dólares a las empresas privadas, vía intermediación de la banca privada, para oxigenar a las empresas en la mayor crisis económica y sanitaria que registra la historia económica y mundial.

En una ingeniería financiera el Estado a través del Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y su ente financiero Cofide transfieren S/ 60 mil millones al capital privado, a bajísimas tasas de interés 2% a 3% anual. Es decir, un subsidio financiero a devolver en 48 meses, con un respaldo estatal del 80% si la deuda se vuelve impagable.

Así, si una empresa se endeuda por S/ 10 millones de soles y por una serie de factores incumple el pago del endeudamiento el Estado asume. El préstamo está garantizado por el Ministerio de Economía y Finanzas en un 80%. En otras palabras el crédito público asume el compromiso financiero.

Esta intervención del Estado en la economía de tipo keynesiano recuerda las políticas de rescate financiero en la “gran depresión” de los años treinta del siglo pasado. Por tanto, más que de rol subsidiario el papel del Estado es de promotor, de salvador de las empresas, pues les otorga liquidez barata sin mayor riesgo.

CAMISEA COMO SEA

El rol promotor del Estado en materia energética es notorio y digno de resaltar para que el proyecto fuera posible. Así, por ejemplo, para incentivar las inversiones en energía térmica a gas natural, el Estado vía decreto supremo llegó a postergar las inversiones en proyectos de generación eléctrica hídrica. Un claro favorecimiento al sesgo eléctrico del proyecto Camisea.

Para rentabilizar la construcción del gasoducto que viene del campo Malvinas (Cuzco) a Lurín en el sur de Lima, se le tuvo que otorgar a los accionistas del Consorcio Camisea, la garantía de red principal el GRP. Es decir, todos los consumidores eléctricos tuvimos que asumir un cargo, un pago mensual en nuestros recibos, para hacer económicamente viable la construcción del gasoducto.

En el mismo sentido, para construir un mercado interno para el gas natural de Camisea, se tuvo que obligar a la empresa de generación hídrica estatal ElectroPerú a comprar 70 millones de pies cúbicos diarios de gas natural (70 MMPCD), para ser transferidos a la planta de Ventanilla de la empresa Edegel, hoy bajo control de la transnacional Enel de Italia.

Igualmente, para hacer posible el proyecto de exportación del gas natural del lote 56 que no tenía suficientes reservas probadas de gas natural que sirvan de garantía para un levantamiento financiero internacional de más de US $ 4,500 millones de dólares, el Estado dispuso el “préstamo” de dos trillones de pies cúbicos de gas natural del lote 88, que estaban expresamente disponibles para el mercado peruano.

En verdad, serían múltiples los ejemplos que demuestran que la intervención del Estado no ha sido subsidiaria. Ha tenido un sentido claro para favorecer intereses privados, sobre todo del gran capital y grupos de poder económico.

Por ello, el rol del Estado en la economía debiera de ser promotor e interventor para alcanzar el desarrollo económico y social del país, que permita disminuir las graves brechas en la desigualdad y pobreza, que no los solucionan las políticas del “libre mercado” que solamente existen en los libros de texto de economía.

El país demanda un Proyecto Nacional de Desarrollo, con una intervención enérgica del Estado en la promoción de las inversiones públicas y privadas, con instituciones democráticas que minimicen la corrupción, y resolver con equidad las graves y justas demandas sociales.

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