El espectáculo que hoy ofrece el Perú al mundo
Luis Pásara
Para un peruano que, como yo, vive fuera, el cauce por el que se desliza el Perú en estas semanas produce algo más que vergüenza. Es la sensación de que nuestro país se está desmoronando, por razones que son difíciles de explicar incluso a aquellos que alguna vez estuvieron en él y disfrutaron de sus paisajes, su comida, claro está, y de su gente.
De pronto, una elección ha precipitado –como cuando en un laboratorio se echa mano a un reactivo– lo peor de muchísimos compatriotas. Nos ha mostrado, a lo largo de los últimos tres meses, quiénes son capaces de qué; en particular, hasta dónde pueden llegar la mentira y el engaño organizados para llegar al poder o mantenerlo. Esto es, que hay muchos peruanos que son capaces de cualquier cosa: desde crear rumores falsos y difundirlos hasta invocar a los militares para que den un golpe.
Es hora de reconocerlo: la elección presidencial de 2021 ha sido una ocasión privilegiada para mostrar el nivel alcanzado por la podredumbre. Porque no solo se trata de Keiko Fujimori, la hija de un condenado, que en tres elecciones ha pretendido ser su heredera política pero en esta última se juega la posibilidad de ir a la cárcel por varios años. Se trata de tantos ciudadanos que también son capaces de cualquier cosa. Y que cuando menos a la mitad de los peruanos la democracia no le interesa cuando sus resultados no les son favorables.
Empresarios que financian campañas de calumnias y engaños. Oficiales retirados de las fuerzas armadas, con muchas condecoraciones y ninguna batalla ganada –muchos de ellos firmantes del acta de sujeción a Vladimiro Montesinos en 1999–, que pretenden volver a impartir órdenes. Abogados que –sin calidades profesionales han basado su éxito profesional en contactos sociales, intercambio de favores y pago de sobornos– tratan de impresionar a incautos con recursos carentes de pies y cabeza. Periodistas que, con tal de mantener el puesto y su salario, no tienen dificultad para difundir patrañas. Y tantos otros que, en parte por ignorancia y en parte por sus temores, en las redes sociales se han hecho activos colaboradores de campañas sostenidas por odios y miedos.
Este es el espectáculo que hoy ve el mundo sin que se pueda evitar el desconcierto. La imagen del país, costosamente construida para promover la inversión y el turismo, está siendo derruida. La prensa internacional ha recurrido a especialistas para explicar aquello que, incluso para muchos peruanos, resulta difícil de entender. Que el país está siendo demolido –sin grupos subversivos que dinamiten sus cimientos– por acción de quienes, precisamente, se pelean por conducirlo, valiéndose de todo tipo de armas.
La dirigencia política del país provoca repulsión. Tenemos un congreso que, es verdad, elegimos todos pero que es peor que el anterior, que a su vez era peor que aquel que lo precedió. Esta degradación veloz ejemplifica la espiral descendente en la que el país está hace años y que se ha acelerado a velocidad de vértigo a partir del 11 de abril.
El actual es un congreso que en sus últimos días trata de derribar a la mesa directiva y dar un manotazo que aparte a Francisco Sagasti de la presidencia debido a que no ha favorecido intereses de grupo –algunos ilícitos– que disponen de escaños en el hemiciclo. Peor aún, es un congreso que ahora alista una herencia envenenada al designar a los integrantes del Tribunal Constitucional entre una relación de candidatos en la que no hay un solo jurista destacado y, en cambio, aparecen varios que exhiben deméritos resaltantes. A los congresistas salientes no les importa debilitar la institucionalidad; lo que quieren asegurarse es un órgano jurisdiccional complaciente con los intereses que representan.
Pero el congreso no es sino el ámbito más llamativo en el que se ha extendido la metástasis. Los intentos de trabar el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones –destinados a impedir la proclamación del ganador de la elección– han permitido hacer de conocimiento público que dos fiscales supremos están vinculados a la banda delictiva de Los Cuellos Blancos. Y que están bajo investigación desde hace mucho tiempo, durante el cual han seguido ejerciendo sus importantes funciones con absoluta normalidad, como si nada pasara.
“Justicia que tarda no es justicia”, dice la expresión popular que, según se ha comprobado una y otra vez, no rige en el Perú. Acabamos de verlo con ocasión de la sentencia recaída en el caso de concentración de los medios de prensa, que ha tardado ¡ocho años! en ser expedida. Y esa decisión es solo la de primera instancia; al caso le espera todavía un largo camino por recorrer.
La Junta Nacional de Justicia –designada para reemplazar al corrupto Consejo Nacional de la Magistratura– se instaló solemnemente en enero de 2020; esto es, a la fecha, hace 17 meses. ¿En todo este tiempo no ha podido terminar de investigar y sancionar a los altos magistrados –jueces supremos y fiscales supremos– que han sido señalados públicamente como eslabones clave de redes delictivas? ¿Cuánto tiempo más necesitan para ejecutar la tarea que se les ha encargado, esto es, limpiar de impurezas cuando menos a las cúpulas del sistema de justicia?
El digno desempeño de Francisco Sagasti en la presidencia del país no resulta suficiente para detener la caída del país. Es que el elenco de personajes principales de esta tragedia es numeroso y en estos días muestra sus vergüenzas en los diferentes papeles que les han sido asignados. Pero, hasta la semana pasada, nos faltaba el gran titiritero. Como si hubiera imaginado que solo faltaba su ingreso al escenario, Vladimiro Montesinos se hizo presente. La instrucción dada a su interlocutor desde su prisión complaciente –“tienes que echar un poco de gasolina. Tú me entiendes, ¿no? (…) Él te va a decir: ‘Hay tanto (que pagar) y cancelar ese tanto’”– nos regresó instantáneamente a la década de 1990, cuando él era amo y señor del poder en el país, a punta de fajos de billetes. Treinta años después, el país luce igual. Tanto que acaso el “doc” sea el estratega que ha ideado las declaraciones de los militares en retiro y otros recursos fallidos como el del marino criptólogo que en la tv pretendió “probar” el fraude.
En estas semanas la tarea de demolición se ha apresurado. Hasta ahora, las instituciones se mantienen en pie y resisten. La autoridad electoral sigue funcionando, atacada ahora con encuestas ya que se carece de argumentos. Los jueces han respondido a los falsarios que pretendían amparo sin razones. De allí que el odio pase a la agresión, como la llevada a cabo contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Impresiona que se quiera responsabilizar al agredido por la agresión –como algunos pretenden culpar a la mujer violada de su violación– y que se haya llegado a reclamar la extraterritorialidad de un club privado para atacar al funcionario.
El espectáculo que el Perú ofrece al mundo es el de un país dividido en mitades que no solo no se entienden sino que ni siquiera se escuchan. Porque del otro lado, llegan gestos que también anuncian colisión; especialmente de un individuo condenado por la justicia como Vladimir Cerrón, cuyo verdadero papel en el nuevo gobierno resulta, más que inquietante, amenazante.
Muchos actores concurren a la caída del país pero un sector de empresarios parece haberse dado cuenta, finalmente, de que han estado colaborando con la destrucción del país en el que hacen dinero. Es lo que se deduce del golpe de timón dado por el diario El Comercio en su editorial del domingo 27. Si esta señal anuncia que intereses empresariales y ambiciones políticas se divorcian, Castillo tendrá en la presidencia una oportunidad de hacer cambios importantes en un país que acaso pueda remediar así la grave fractura producida.
