Perú: El fujimorismo opta por la impunidad

Ronald Gamarra

Como quien no quiere la cosa, el 22 de noviembre la bancada fujimorista presentó un proyecto de ley que es una bomba contra el estado de derecho y la igualdad entre los ciudadanos, pues pretende crear una burbuja invulnerable de protección a favor de una élite de altos funcionarios del Estado, con derecho a antejuicio parlamentario, que podrían quedar blindados para siempre de la posibilidad de responder ante la justicia por los delitos que hubiesen cometido en el ejercicio de sus funciones. El fujimorismo busca que el Congreso se constituya en el centro neurálgico de la impunidad de los altos funcionarios con derecho a antejuicio. Lo que están proponiendo es que los parlamentarios decidan a quién se investiga y a quién no en el caso de los altos funcionarios. El criterio de justicia igual para todos se envía con este proyecto de ley al tacho de la basura y se le sustituye descaradamente por una simple mayoría de votos que se deciden por conveniencias de la política criolla.

Esto es impunidad descarada y desvergonzada. Se trata de una propuesta legal incalificable desde el punto de vista ético y moral, y por cierto es contraria a todo principio democrático constitucional. En la práctica, lo que se busca es que, tratándose de los altos funcionarios con derecho a antejuicio, el Congreso se convierta de hecho en el titular de la acción penal, usurpando de manera prepotente las funciones que le corresponde ejercer al Ministerio Público.

El proyecto de ley propone reformar la norma procesal para establecer que, si el voto del Congreso es contrario a una acusación constitucional presentada por el Ministerio Público, esta entidad no puede proseguir ni profundizar las investigaciones, y solo puede renovar la acusación después de los cinco años del antejuicio si cuenta con prueba nueva. ¿Pero qué prueba nueva puede presentar el Ministerio Público si se le prohíbe investigar?

Fuerza Popular busca que el Congreso sea el único ente que decida sobre la suerte fiscal y judicial de actuales y expresidentes, exministros, exmagistrados supremos, exfiscales supremos, exjueces del Tribunal Constitucional, excontralores generales, exdefensores del pueblo. Y todo ello con criterio exclusivamente político, pues ya sabemos lo que la justicia les importa a los parlamentarios de nuestro país, que por otro lado suelen contar entre sus propias filas con decenas de malandros requisitoriados, cacos investigados y hasta tirifilos sentenciados.

El proyecto de ley ha sido presentado por la congresista fujimorista María Cordero Jon Tay y se tramita con el número 820/2021-CR. Hasta el momento, esta iniciativa, que constituye una de las peores aberraciones jurídicas de los últimos años, no ha recibido la atención que debería despertar en los diversos sectores políticos democráticos y la prensa nacional, con la excepción del portal Convoca.pe, pero es necesario reaccionar contra esta pretensión de proteger a los políticos que delinquen en el ejercicio de sus funciones.

La iniciativa legal tiene, además, nombres propios en cuanto a la gente que desea proteger. Por ejemplo, el golpista Manuel Merino y su “exprimer ministro” Ántero Flores Aráoz podrían quedar protegidos para siempre de la posibilidad de responder por los asesinatos aleves de Inti y Bryan, y las decenas y decenas de heridos que resultaron de la brutal represión que desataron en su ambición por hacerse como sea con el poder del Estado.

Por poner otro ejemplo, un individuo que hiciera lo mismo que el exjuez supremo Hinostroza, cabecilla de Los Cuellos Blancos, podría verse libre de polvo y paja, por el resto de su vida, con solo una votación en mayoría promovida por sus amigotes y hasta sus compinches del Congreso. ¿Se entiende ahora mejor los alcances aberrantes de la legislación que propone el fujimorismo? La impunidad pura y absoluta establecida para siempre con solo el voto mayoritario de un Congreso donde suelen abundar los malandrines.

La iniciativa de la congresista fujimorista también tiene nombre propio en cuanto a los fiscales y magistrados que pueden intervenir en los casos actuales. Por eso, no es ninguna ingenuidad que exija que, en los casos de los altos funcionarios con derecho a antejuicio, solo puedan intervenir fiscales supremos y jueces supremos titulares. Claro, saben muy bien que los jueces supremos Núñez Julca y Villa Bonilla, que hoy intervienen en esos procesamientos, son provisionales, como gran parte de la alta magistratura. Una forma “express” de deshacerse de ellos.

El fujimorismo de hoy demuestra una vez más que es el fujimorismo de siempre, el fujimorismo de la impunidad, de los atropellos contra los derechos humanos, la democracia y la justicia, como lo corrobora este proyecto de blindaje absoluto de los altos funcionarios; es el fujimorismo del caos, como lo demuestra el llamado de la congresista Moyano al caos en las pistas y carreteras; el fujimorismo de la violencia, con sus grupos lumpen como “La pestilencia”; el fujimorismo golpista, que estableció el caos político y nos ha endilgado cinco presidentes desde el 2018, desde que Keiko Fujimori no quiso aceptar su derrota de entonces frente a Kuczynski.

Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N°568, del 03/12/2021   p20

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