Perú: ¡Basta de asesinatos!
Ronald Gamarra
Una ola de asesinatos se viene ejecutando impunemente contra dirigentes e integrantes de las comunidades nativas que velan por la defensa de la naturaleza contra la depredación propiciada por las mafias de la minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico en nuestro país. Solo en la última quincena de marzo, cuatro defensores del medio ambiente han sido matados alevosamente, aprovechando que carecen de la protección debida, que debería garantizar el Gobierno, en particular el ministro del Interior y la Policía Nacional. El total de defensores del medio ambiente ultimados desde el inicio de la pandemia se acerca a veinte, y las autoridades ni se dan por enteradas.
El 20 de marzo, el señor Juan Julio Fernández Hanco, defensor del medio ambiente vinculado al comité de gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, en la región Madre de Dios, fue asesinado por sicarios del narco, de dos balazos, en la vivienda de su hermano, dirigente de dicho organismo, en la localidad de Nuevo Arequipa, cercana a la zona de La Pampa, donde la mafia de la minería ilegal ha depredado y contaminado el bosque. El defensor ambiental participaba directamente en un programa de remediación para la reforestación de la zona devastada y de vigilancia contra nuevas infiltraciones de la minería ilegal.
El 22 de marzo, sicarios de la mafia del narcotráfico asesinaron a balazos al señor Jesús Antaihua y a su esposa, la señora Nusat Benavides, en estado de embarazo, ambos integrantes de la comunidad nativa Cleyton, así como al señor Gemerson Pizango, integrante de la comunidad nativa Santa Teresa. Las tres víctimas pertenecen a la etnia nativa asháninka, que defiende activamente el bosque contra los narcos. El feroz atentado se perpetró en la vía que comunica Puerto Zungaro con la comunidad de Santa Teresa, en la provincia de Puerto Inca de la región Huánuco, cuando las víctimas regresaban a sus viviendas después de culminada la jornada de trabajo.
La indiferencia del Gobierno y el Congreso ante estos hechos de sangre es indignante e inadmisible, y los dirigentes nativos no dudan en denunciarlo con toda claridad, tal como lo ha hecho AIDESEP, organización interétnica nativa. Berlín Diques, dirigente asháninka y presidente de ORAU, filial regional de Ucayali de AIDESEP, declaró para la agencia internacional de noticias EFE: “Tanto este Gobierno como el resto siempre han mirado a los indígenas como un grupo minoritario, un grupo que no merece ser escuchado, por lo que no son incluidos dentro de una política pública que ayude a tener una igualdad de oportunidades y derechos, es una gran pena”.
Desde el inicio de la pandemia, las fuerzas policiales y las militares que se habían desplegado en las zonas de acción del narcotráfico y la minería ilegal se replegaron y redujeron sensiblemente su presencia. Con ello, no solo abandonaron el terreno ganado a los mafiosos, sino que dejaron a los defensores ambientales a merced de estos. Los defensores ambientales son, a fin de cuentas, la pieza clave para la recuperación y mantención de los territorios tomados y asolados por la criminalidad organizada. Los capitostes del narco y la minería ilegal lo saben muy bien y por eso no dudan en disparar a matar contra ellos.
El Estado tiene la obligación de defender la vida y la integridad física de los defensores ambientales, en lugar de dejarlos inermes y desamparados ante los sicarios a sueldo de la mafia. Por el contrario, el Gobierno y el Congreso se pasan el tiempo en una mezquina guerra de intereses oscuros por el poder, ocupados en hacerse con los puestos burocráticos u organizar negociados. El parlamento no ha dedicado ni una sola sesión a examinar este grave problema, ni siquiera para emitir alguna declaración, por hueca que fuera. El Gobierno, ídem. Sencillamente, el problema no existe para ellos, ni les preocupa. Esos son los “representantes del pueblo”.
El presidente Pedro Castillo se llena la boca diciendo que encabeza el “gobierno del pueblo”. Bueno pues, si fuera realmente un gobierno del pueblo, los asesinatos, uno tras otro, de los defensores ambientales de las comunidades nativas tendrían que ser abordados como un problema urgente de afrontar y solucionar. Hágase una, señor Castillo, y propóngase no tolerar más homicidios de dirigentes e integrantes de las comunidades nativas defensoras del medio ambiente. Y fortalezca el Mecanismo Intersectorial para la Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos, vía la aprobación del Protocolo para la actuación del Ministerio del Interior y, claro, la dotación de los presupuestos y recursos que se necesitan. ¿O es que el “gobierno popular” acepta que pesen más los intereses bastardos de los mineros ilegales o los vínculos mafiosos del narcotráfico?
Señores y señoras congresistas: ustedes cometieron la suprema estupidez de rechazar la ratificación del Acuerdo de Escazú, cuyo objeto es precisamente comprometer a los Estados de la región a defender la vida y la integridad de los defensores ambientales. Al resistirlo, la mayoría congresal, básicamente la derecha recalcitrante y el fujimorismo, se hacen cómplices de los asesinatos perpetrados por las mafias del narcotráfico y de la minería ilegal. Este es el momento de corregir la necedad de hace unos meses ratificando cuanto antes el Acuerdo de Escazú y fiscalizando al Gobierno para que lo cumpla y evite más crímenes de dirigentes ambientales nativos.
Las comunidades nativas del Perú son nuestra primera línea en la defensa del medio ambiente y lo menos que merecen es reconocimiento, respaldo y defensa. El Estado dispone de los medios para protegerlas de los ataques arteros de la criminalidad organizada, que a su vez debe ser perseguida y desarticulada, y sus cabecillas debidamente sancionados. Las comunidades nativas deben ser amparadas en la lucha que ya libran contra los depredadores mafiosos desde mucho antes que el propio Estado. Basta de asesinatos de miembros de las comunidades nativas que defienden la naturaleza: esta es una obligación urgente e impostergable.
Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N°580, del 01/04/2022 p19
