Perú: UN PAÍS CON ALZHEIMER

Natalia Sobrevilla

La importancia del Archivo de la Nación y por qué está a punto de ser arrojado a la calle

A pesar de que el pasado nos absorbe a cada momento, en el Perú parecemos obstinados en no recordar. No somos el país de los cien años de soledad, sino el de los cien años de olvido.

Como ocurre cada cierto tiempo, el Archivo General de la Nación está al borde de la destrucción y parece no haber nada que hacer al respecto. La primera vez que escribí sobre esto en la prensa fue en 2018, pero llevo mucho más tiempo firmando peticiones, protestando junto a otros colegas historiadores, haciendo todo lo que está en nuestras manos para contrarrestar la desidia que amenaza con destruir el pasado de toda una nación.

Ya era evidente desde hacía décadas que el espacio que ocupa el Archivo General de la Nación es inadecuado. Una inundación por rotura de tuberías en los sótanos del edificio del Palacio de Justicia obligó a que la sección más antigua del Archivo Histórico, la colonial, se mudara “temporalmente” al edificio del Correo. La situación sigue siendo muy precaria porque ese local está al borde del colapso y los documentos se mantienen en riesgo luego de más de quince años de la mudanza. En el Palacio de Justicia la situación es peor porque ahora, después de una larguísima batalla judicial, se ha emitido la orden de desalojo y millones de documentos están en riesgo de terminar en la calle.

Este pleito entre el Archivo y el Poder Judicial es de larga data. Cuando se construyó el Palacio de Justicia a inicios del siglo XX se asignó un espacio para el Archivo y, si bien eso consta en los documentos de la época, el Poder Judicial ha buscado formas para deshacerse por vía judicial de ese apartado que ocupa una parte importante del palacio alegando que necesitan más espacio. No me detendré en los méritos del caso. Solo mencionaré que si uno de los afectados es el Poder Judicial y es ese mismo poder quien decide lo que es legal y lo que no, estamos ante un conflicto de intereses donde el demandante funge de juez y parte.

Pero esta lucha en los tribunales no es una sorpresa, como tampoco lo es la orden de desalojo: el Archivo lucha por tener un local nuevo desde hace una década. Ya tiene asignado un terreno en Pueblo Libre y en 2014 se llevó a cabo el concurso para la construcción del edificio. Desde entonces han desfilado innumerables jefes institucionales y ministros de Cultura que no han logrado destrabar el expediente técnico, ese limbo aparentemente eterno en el que se encuentra atrapado el proyecto.

En algún momento se habló de que la partida para la construcción ya estaba asignada y que era solo cuestión de unas firmas para poder comenzar. Este debía ser uno de los proyectos emblemáticos del Bicentenario, o por lo menos fue lo que me dijeron los últimos ministros de Cultura cada vez que tuve oportunidad de hablar con ellos. Pero hasta ahora, el silencio. Recientemente, el Congreso avaló la creación de un colegio de historiadores y no se conoce ni un pronunciamiento ni una sola acción de su parte. La Academia Nacional de la Historia sí se ha pronunciado, ¿pero hará eso alguna diferencia? Una vez más, los historiadores estamos indignados porque no se avizora una solución. Es tan grande la frustración que a veces roza la incredulidad: son muchos los colegas que me dicen que esto no puede pasar, no se pueden arrojar 150.000 metros lineales de documentos importantísimos a la calle. ¿O sí?

Lo más triste es que el personal del Archivo tiene que seguir trabajando sin saber qué es lo que va a suceder y sin saber qué acciones concretas se están tomando. El jefe institucional se pasea con el ministro de Cultura por los medios y denuncian este sinsentido, pero ambos son relativamente nuevos en sus cargos y, evidentemente, no tienen mucho apoyo desde el gobierno, donde reina una desidia generalizada. Si bien no ayuda que el presidente haya mostrado repetidamente su incapacidad para tomar decisiones, no olvidemos que el problema del Archivo ha sido dejado irresuelto a lo largo de cinco presidencias, por lo menos. Esto no es algo nuevo.

Quizá el problema esté en que no se sepa la magnitud de la importancia de contar con un Archivo General de la Nación. Estamos hablando no solo de los documentos del Estado, sino de los documentos de todos los peruanos. Desde los históricos, que nos hablan de cómo se construyó y organizó la Nación, hasta los notariales y judiciales que nos muestran quiénes somos y quiénes hemos sido. Allí están los documentos de identidad de cada uno de los peruanos, los registros de los barcos en que llegaron quienes migraron a este país, los documentos sobre las haciendas y sobre los proyectos de todo tipo, desde los ferrocarriles hasta los telégrafos; sobre las instituciones, las asociaciones y las apuestas hechas por los peruanos para crear un país. Estos, entre muchísimos otros que nos deben importar a todos. ¿Cómo se sentiría usted si de pronto perdiera toda su memoria y qué consecuencias tendría ello?

Unas instalaciones adecuadas equivaldrían a dar solo un primer paso, pues aún queda muchísimo por hacer para conocer todo lo que se tiene archivado. Más allá de los problemas inmediatos del local, hace falta catálogos y una mayor organización y digitalización de documentos. De momento, nada de esto nos es accesible y el Perú sigue apostando, año tras año, por el olvido.

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