Perú: La sopa podrida del Congreso

Ronald Gamarra

Una coalición de intereses creados logró plasmar este año una amplia alianza que impuso su mayoría en el Congreso para aprobar la ley 31520, cuya finalidad es traerse abajo los avances en la reforma de la educación superior universitaria y volver, en ese ámbito, a imponer, como antes, el reino de los señores feudales que se llenan los bolsillos de dinero con la gestión de “universidades” carentes de las mínimas condiciones para ofrecer un servicio de calidad, llamadas por eso universidades basura, una burda estafa a los estudiantes, a sus padres y al país.

La creación de la Sunedu en el año 2014 y el proceso que puso en marcha de licenciamiento de las universidades para asegurar que ofrezcan un piso mínimo de calidad significó un límite importante al caos total que imperaba, sentando la base para continuar desarrollando aun mejores niveles de calidad a los cuales debe aspirar y llegar nuestro sistema universitario. Este proceso de mejora se vio permanentemente entorpecido y obstaculizado por las redes de intereses en torno a las universidades no licenciadas y quienes se proponen retrotraer todo al estado anterior, cuando hacían negocios felices y sin control alguno.

Intentaron traerse abajo la reforma universitaria en diversos momentos, pero la oportunidad definitiva llegó este año, cuando una alianza que va desde el fujimorismo al porkismo y el cerronismo (la ultraderecha y la ultraizquierda juntas y revueltas) impuso la ley 31520, denominada con singular hipocresía “Ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”, como si alguna vez estas hubieran sido intervenidas, pues el control de pisos mínimos de calidad de ninguna manera puede ser considerado como una intervención aquí y en ninguna parte.

La ley 31520 “reforma” la Sunedu poniendo su consejo directivo directamente en manos de los representantes de las universidades, precisamente aquellos a quienes la Superintendencia debe controlar en cuanto al carácter del servicio que prestan. Además, dicta normas de intromisión inmediata sobre la entidad y abre las puertas de par en par a la restitución de la licencia de universidades a las cuales se les retiró por falta de capacidad y aptitud mínimas, así como a la pronta apertura de otras sin el debido control de calidad.

La Sunedu, en cumplimiento de la función para la que fue creada, que es garantizar el cuidado de la calidad educativa universitaria, interpuso una acción de amparo contra la aplicación de la ley 31520. El juez constitucional admitió la demanda a trámite y emitió una medida cautelar que prohíbe la aplicación de la ley en tanto no se resuelva la acción de amparo en sede judicial. De este modo, la Superintendencia logró, aunque fuera provisionalmente, impedir la aplicación inmediata de la ley y el asalto y desnaturalización de ella por parte de las redes mafiosas y sus aliados políticos.

Y entonces, aquí viene la tinterillada, la pendejada. El truquito, la maroma. Conscientes de que el trámite judicial de la acción de amparo tomará tiempo, la alianza congresal contraria a la calidad de la educación universitaria se saca una carta de la manga y hace una “jugada maestra”, por la cual 33 congresistas que impulsaron y votaron por la aprobación de la ley 31520 presentan una demanda de inconstitucionalidad de esa misma ley ante el Tribunal Constitucional. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se come? ¿Dónde se ha visto que los mismos parlamentarios que aprobaron una ley en julio demanden en agosto que sea declarada inconstitucional?

El secreto es sencillo: se trata de una vulgar tinterillada, una jugarreta con los mecanismos procesales para burlar la justicia. Una trastada digna de picapleitos y del mentado jirón Azángaro que los congresistas contrarios a la calidad universitaria despliegan con el mayor descaro. Presentan la demanda para perder deliberadamente y hacer que el Tribunal Constitucional declare que la ley 31520 es constitucional, con lo cual la acción de amparo y todo procedimiento de control judicial quedaría enervado y se daría paso a la intervención inmediata contra la Sunedu y la calidad universitaria.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad de los 33 congresistas el 15 de septiembre. No tenía otra, no había cómo rechazarla de inmediato, pero con ello dio paso a una farsa de las peores que han tenido lugar en los anales de la justicia peruana. Una verdadera payasada congresal, si todavía faltaba alguna, para imponer los intereses nada santos del oscuro lobby de las universidades basura. La magistratura –la mayoría de ella, digo– ¿se prestará al juego y validará la canallada, la arremetida fenicia? Espero que no, por la defensa de los valores y principios de la carta política y por la propia dignidad de los tribunos. Total, soñar no cuesta nada y, a veces, la vida te da sorpresas.

¿Quiénes están entre los 33 congresistas firmantes de la pendejada ante el TC? Pues, 13 de la costra fujimorista (entre otros, Alejandro Aguinaga, Tania Ramírez, Martha Moyano y Héctor Ventura, que agredió a un policía hace solo unos días), 5 cerronistas (entre ellos, Waldemar Cerrón, Kelly Portalatino y Guido Bellido), 5 porkistas (los marinos de tina Montoya y Cueto, Gladys Echaíz, el fundamentalista Muñante), Yessica Amuruz, de Avanza País, y gente de Acción Popular, el Bloque Magisterial de Pedro Castillo, los operadores de Pepe Luna en Podemos Perú, y gente de Perú Bicentenario, desprendimiento del cerronismo.

Todos felices en la misma sopa podrida, japis en la concertada maniobra tinterillesca para apoderarse del sistema universitario. Chapoteando en el fango de siempre. Cómo se ve que les resulta muy fácil entenderse y actuar de consuno, incluso en la viveza semigansteril, cuando hay dinero de por medio. Y en la contrarreforma universitaria que impulsan con tanto afán hay mucho, muchísimo, dinero por ganar, y lo saben muy bien. Cuentan con ello.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 613 año 13, del 25/11/2022,  p14

https://www.hildebrandtensustrece.com/

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