Perú: Capítulo cerrado
Bruno Amoretti
Los 32 artículos que la Constitución fujimorista dedica al marco económico son analizados en esta nota sin la beatería neoliberal con que el grueso de la prensa aborda el tema.
El capítulo económico de la Constitución de 1993 ha dividido al país. Sus 32 artículos se han convertido en cuestión de vida o muerte para los guardianes y los detractores del modelo neoliberal que impone la Constitución. Cuatro economistas destripan el contrato social para tratar de explicar la crispación en ambos bandos.
“La creación exclusiva de igualdad de oportunidades pregonada por los últimos gobiernos neoliberales es insuficiente. Aquí y en China la desigualdad se corrige a través de la política tributaria y la redistribución del gasto público. A propósito, Colombia nos acaba de ganar con una reforma que hasta incluye un impuesto patrimonial”, señala Germán Alarco, profesor investigador de la Universidad del Pacífico.
El crecimiento económico fue la bandera de Alberto Fujimori y la Constitución de 1993 fue el arma para revertir el escenario apocalíptico que dejó el primer quinquenio de Alan García. En esos términos, concuerdan los economistas consultados, los resultados no han sido negativos. ¿Treinta años después el modelo que impone el texto constitucional está exhausto?
En septiembre del 2022 el Banco Mundial informó que los parámetros macroeconómicos de Perú continúan siendo sólidos. “Hay una relación entre deuda pública y producto interno bruto relativamente baja, reservas internacionales considerables y un banco central confiable”, dice el informe de este organismo. Hasta ahí las cifras en azul. La rendición de cuentas en casa se escribe con tinta roja.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 49% de los niños menores de tres años padece de anemia. El Ministerio de Trabajo estima que el 75% de los trabajadores son informales, es decir, ni gozan de derechos laborales ni pagan impuestos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura advierte que la inseguridad alimentaria afecta al 50,5% de peruanos. Y en educación los resultados son catastróficos: en la prueba PISA del 2019 –antes de la era Castillo y la pandemia– Perú era el último de la fila. Para entonces, la Constitución llevaba 26 años rigiendo el país.
“La Constitución de 1993 ha quedado desfasada. Sirvió en esa época, pero para el siglo XXI necesitamos otras reglas de juego”, señala Fernando Villarán, economista y profesor principal de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
“Hoy la fuerza motriz es el conocimiento y la innovación tecnológica. Las empresas más valiosas del mundo –dice el economista– son de conocimiento, no son solo de inversión privada. Este modelo actual se limita a buscar el crecimiento económico. Hoy en día tienes que buscar el desarrollo sostenible, y esto implica crecimiento económico, pero también desarrollo social, cuidado ambiental y fortalecimiento institucional y político”.
Las reglas de juego son claras. Ese es el argumento que esgrimen desde los sectores “conservadores” que defienden el texto. Desde el otro lado responden que podrán ser claras, pero no necesariamente justas ni responden a las necesidades del país.
Uno de los artículos que más crispación genera en las dos trincheras son los “contratos ley”. El Perú es el único país que incluye en su Constitución esta “modalidad” proteccionista con la inversión privada. El texto en cuestión impide al Estado, bajo amenaza de un arbitraje, revisar unilateralmente los contratos con transnacionales extranjeras aun cuando las condiciones del mercado hayan variado o los firmantes hayan hecho trampa. Oficialmente la fórmula se concibió para generar confianza en los inversionistas extranjeros. En la práctica fomentó la corrupción. Ejemplos sobran, pero el más emblemático es el escándalo Lava Jato.
“Es inadmisible que empresas corruptas accedan a mecanismos de arbitraje”, apunta Alarco.
Humberto Campodónico, economista y profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señala que no se trata de anular los contratos sino de desaparecer una prerrogativa que sólo ha perjudicado al Estado. “Los contratos ley no deberían estar en la Constitución, ese es el blindaje máximo”, afirma.
Germán Alarco señala que se trata de un privilegio que da “ventaja a las grandes empresas y especialmente a las extranjeras respecto de las pequeñas que no pueden acceder a tal tipo de contrato”.
Otro tema en veda es el papel del Estado en el tablero de juego. El rol subsidiario que la Constitución le adjudica al Estado lo condena a desarrollar sólo actividades económicas que al sector privado no le interesan. Esto se traduce en todo aquello que no resulte negocio.
Campodónico explica con un ejemplo las consecuencias inmediatas que el rol subsidiario del Estado ha tenido en Ayacucho y Cusco. Ambas regiones producen gas natural, pero los ciudadanos no tienen acceso a él porque a las empresas no les sale a cuenta invertir en infraestructura en zonas tan deprimidas. “No puedes poner a Petroperú a invertir en gas porque eso atenta contra la Constitución –explica Campodónico– y no puedes trabajar a pérdida porque las leyes del mercado te dicen que toda inversión debe tener una ganancia”.
Alarco acota que, con excepción del Perú, no hay en el mundo ningún otro país que por Constitución condene al Estado a un papel subsidiario. “Esto ha impedido, por ejemplo, fortalecer al Banco de la Nación, también ha trabado el desarrollo e integración de una empresa estratégica como Petroperú, frente a Enap en Chile, Ecopetrol en Colombia, Petrobras en Brasil y Pemex en México”, señala el economista.
“Yo no conozco ningún país desarrollado cuyo Estado sea chiquito y subordinado al sector privado. Quien hable solo de crecimiento, está en el pasado y quien diga que solo el sector privado puede desarrollar el país, está profundamente equivocado. China –dice Fernando Villarán– ha invertido en ciencia y tecnología de una manera brutal y hoy tiene el triple de patentes que Estados Unidos. Ha invertido en conocimiento, así de simple”.
Según el World Inequality Report, en el 2022 el Perú fue el cuarto país más desigual del mundo. Luego de 30 años de “prosperidad económica”, según este estudio, el Perú es el penúltimo país más pobre de Sudamérica. Solo nos gana Venezuela. El informe ha herido la línea de flotación de los defensores del capítulo económico de la Constitución y los Chicago boys locales han puesto en duda la metodología del estudio. Pero los reportes del Banco Mundial apuntan en la misma dirección.
Para el 2021, antes de Pedro Castillo y su combo, según el Banco Mundial, la tasa de pobreza nacional era de 33,8%. Eso nos coloca como el segundo país más pobre de la región gracias, otra vez, a la Venezuela del socialismo del siglo XXI. Y el virus del covid no se puede utilizar de coartada. En el 2019, según el Banco Mundial, la pobreza afectaba a 28,7 peruanos de cada 100. Ese es el promedio, porque en las zonas rurales del país la pobreza se engulle hasta al 63,4% de la población. Sin ir muy lejos, nuestro vecino Bolivia registra una tasa de pobreza rural del 31,8%.
Los vicios en los que ha incurrido la oferta y la demanda es otro de los temas tabú para los guardianes del modelo. La Constitución prohíbe el monopolio, pero las corporaciones, holdings y clanes empresariales le han sacado la vuelta con su primo hermano el oligopolio, una “desviación” del capitalismo que el diccionario Oxford define como “mercado en el que el número de vendedores es muy reducido de manera que controlan y acaparan las ventas de determinados productos como si hubiera monopolio”.
“En el Perú tenemos una concentración de mercado principalmente oligopólica en la producción de alimentos y medicamentos”, explica Catherine Eyzaguirre, economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La economista apunta que el trato que recibe el medioambiente en la Constitución también está desfasado.
En el 2022 el Ministerio de Energía y Minas detectó 7,668 pasivos ambientales. Pero en el 90% de los casos ni siquiera se pudo saber quién había ocasionado el daño y sólo el 30% pudo ser remediado.
“En la Constitución se habla de la naturaleza como recurso. Ecuador y Bolivia sí le otorgan un nivel con mayor garantía de derechos, mientras que nosotros lo vemos como un bien transable que puede ser privatizado temporalmente. Pensar en la naturaleza como un simple recurso impide tener una infraestructura de instituciones públicas lo suficientemente fuertes para poder sancionar la contaminación”, señala Eyzaguirre.
Los especialistas a favor de modificar el capítulo económico de la Constitución coinciden en señalar que la tarea pendiente apunta a replantear temas más que artículos específicos de la Carta Magna.
“Para evitar el miedo de los sectores conservadores se debe aclarar que algunos contenidos de la Constitución deben mantenerse. Pero sí es necesario incorporar nuevos temas. Insistir, por ejemplo, en la importancia de una transición ecológica, relievar el planeamiento estratégico, priorizar ciencia-tecnología e innovación. Son temas urgentes la diversificación productiva, enfrentar la elevada desigualdad, crear las bases para gobiernos regionales y locales fiscalmente responsables, entre otros”, afirma Germán Alarco.
“Lo que no se puede decir es que todo está bien cuando el país está en llamas. Si dicen que es un tema de poca capacidad de gestión, yo te he demostrado que no se puede gestionar el tema del gas porque de antemano la Constitución actual ya te lo impide”, apostilla Campodónico.
Fernando Villarán advierte que es imprescindible que el país se ponga de acuerdo y empiece un debate que genere consensos.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 622 año 13, del 10/02/2023, p30-31
