Perú: La primera mujer presidenta y el patriarcado colonial
Angélica Motta Ochoa
Desde que comenzó su Gobierno, y con él las protestas, Dina Boluarte ha desplegado un desprecio negacionista que no permite un mínimo de escucha a las justas demandas de la ciudadanía. Para ello ha apelado a diversos y disparatados argumentos: desde calificar a los manifestantes de terroristas, manipulados por Evo Morales y los ponchos rojos -entre otros-, hasta decir que no la quieren por mujer: “yo puedo entender que es una venganza política machista de que miran a la mujer disminuida”[1]. Esta instrumentalización de su condición de mujer para colocarse en el lugar de víctima ha sido permanente y es de un oportunismo burdo, pues ella ha tomado la decisión de encarnar un proyecto político de extrema derecha, altamente patriarcal y racista.
A falta de legitimidad, se sostiene en la fuerza de la violencia y la represión, por lo que le ha encargado el manejo del país al ejército y la policía. Vamos más de 60 muertos y al menos 48 son producto de balas y bombas lacrimógenas, según reporte de la Defensoría del Pueblo. Si entendemos el patriarcado, en sencillo, como un régimen político jerárquico que sostiene la supremacía unos (varones) sobre otrxs (mujeres y seres feminizados) con el uso de violencias de diverso tipo, ¿Qué puede ser más patriarcal que gobernar desde la violencia militarizada y policiaca?, ¿Qué puede ser más patriarcal que exterminar en lugar de escuchar y dialogar?
Una característica importante del patriarcado es que funciona en la lógica de pacto con mandato de lealtad entre iguales y sometimiento de los considerados inferiores. Quienes no acatan el mandato de lealtad en la línea de los iguales también son castigados ejemplarmente. Es el caso del policía Jhon Torres, quien luego de la masacre en Juliaca renunció a la policía y ahora el fuero militar policial está pidiendo prisión contra él. Otro claro ejemplo de las lógicas patriarcales que avala el Gobierno de Boluarte.
Además, como en el caso de la violencia machista, Boluarte y su coalición golpean y matan para intentar restablecer el poder y no porque lo tengan plenamente. Su fragilidad, como en la masculinidad tóxica, requiere del alarde y el exceso, tal como lo evidenció la exhibición de más de 10 mil policías en el paseo de los héroes navales o la violación del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde entraron con una tanqueta que destrozó una puerta y parte del muro perimétrico, cuando la puerta del costado estaba abierta[2].
La violencia letal del Gobierno de Boluarte se ha ensañado particularmente con las regiones del sur andino, las más indígenas y empobrecidas, llevando al extremo el desprecio histórico racista y de clase que nos impide ser un país viable. Con todo y lo colonialista de su accionar, ha pretendido también instrumentalizar su manejo del quechua y su procedencia provinciana (Abancay). Sin embargo, desde su lugar de misti[3], ha logrado lo opuesto. Como dice Sofía Mauricio, activista por los derechos de las trabajadoras del hogar: “es de la provincia, pero es de la ciudad de los que siempre miran de arriba hacia abajo a los que somos del campo […] nos mira de arriba hacia abajo como si fuéramos sus súbditos, fuéramos sus esclavos, que nos tiene que ordenar, que nos tiene que llamar la atención, una cosa que me molesta mucho es cuando nos resondra en quechua […] nos llama la atención como si fuéramos niños”[4].
Además, el proyecto político al que Dina Boluarte sirve se sustenta en una coalición con el sector anti-derechos de mujeres y diversidades más recalcitrante. Así, por ejemplo, hace pocos días sus aliados en el Congreso presentaron un proyecto de Ley para eliminar el lenguaje inclusivo de los textos escolares. Demostrando una vez más que la agenda de los autoritarismos es la agenda patriarcal. En eso los autoritarismos de derecha e izquierda suelen encontrarse.
Las afectaciones de la violencia estatal desde una mirada de género
En contextos de conflictividad, hombres y mujeres se ven afectados de maneras diferentes por la violencia. La mayor participación de los varones en la primera línea y en las confrontaciones directas, y su mayor presencia en el espacio público en general -todos elementos asociados a los mandatos de masculinidad- suelen vincularse con una mayor cantidad de heridos de gravedad y fallecidos. Así, en este escenario de protestas y represión letal, de 48 víctimas mortales 46 fueron varones y 2 mujeres, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.
Aun cuando las mujeres mueren en menor medida, estas muertes traen enormes consecuencias para madres y esposas. Como dice Marcela Gonzales de la Asociación de Mujeres Campesinas (ADEMUC) de Puno: “Hijos se han quedado sin padre, madres se han quedado sin hijos, se han quedado viudas […] hoy no sale ni el ministerio de la mujer no dice nada sobre esta matanza, estas muertes, ni tampoco el programa Aurora que nos debería hacer el acompañamiento […] No tenemos derecho a nada, como cualquier cosa nos están matando a nuestros hijos”[5].
Ruth Barcenas de la organización de familiares de víctimas de la masacre militar en Ayacucho sufrió un terrible periplo con su esposo agonizante por herida de bala, con dificultades para ser atendido en los servicios de salud. Él acabó muriendo, ella se encontraba embarazada de mellizos, a los pocos días de estos eventos traumáticos los perdió[6]. Apolonia Huarancca, ayacuchana, madre de un joven víctima letal de la masacre, era paciente de cáncer, según su testimonio, su hijo le proporcionaba cuidados y la sostenía. Luego de su muerte, la condición de Apolonia se agravó y falleció[7].
Por otro lado, la violencia y el disciplinamiento por parte del Gobierno de Boluarte se vienen dando sobre las mujeres también de manera directa. Así, se han visto formas de violencia sexual, como las revisiones injustificadas de partes íntimas de detenidas en la intervención de la UNMSM, lo mismo que tocamientos indebidos, tal como lo ha reportado la Coordinadora de Derechos Humanos.
También se viene consolidando la criminalización de prácticas de organización y solidaridad que sostienen el derecho a la protesta, siendo el caso más escandaloso el de la profesora Yaneth Navarro a quien se le han dado 30 meses de prisión preventiva. Ha sido acusada de ser financista de una organización criminal porque portaba 1,916 soles y un cuaderno que da cuenta de gastos en movilidad, alimentación y salud de manifestantes. Para el proyecto político al que sirve Boluarte, las lógicas vinculares, organizativas, políticas y hasta humanitarias se tornan crimen. Cabe llamar la atención sobre la semejanza entre esta criminalización y la que se aplica en los conflictos eco-territoriales, en algunas zonas mineras, cuando las comunidades resisten proyectos que consideran dañinos para sus territorios y sus vidas. En esos contextos, se ha llegado a considerar a ollas comunes de mujeres organizadas como indicios de organización criminal[8].
En el caso de Navarro, la jueza Margarita Salcedo ha dictado la prisión preventiva bajo el argumento de “falta de arraigo”, justificándolo en estereotipos sobre la conducta femenina, altamente patriarcales. Ha dicho Salcedo en la lectura de la sentencia: “En su DNI figura como soltera” (mujer no sujeta a un hombre), “se encontraba en un espacio-tiempo distinto a su domicilio” (mujer fuera de su casa), “el día de los hechos no se encontraba a cargo de sus hijos y tampoco […] a cargo de sus progenitores” (mujer que no cuida a su familia), además que no había “razones plausibles como trabajo o enfermedad” para que esté en Lima (mujer de Andahuaylas no puede desplazarse libremente fuera de su región a la ciudad y no puede expresarse políticamente). Finalmente, también argumentó la falta de contrato de trabajo (como si el Perú fuera el reino de la estabilidad laboral). Así de clarita la trenza de la opresión de género, racista y de clase en el disciplinamiento que el Estado hace con esta mujer de Andahuaylas.
No basta con ser mujer
Boluarte ha hecho un llamado a las mujeres a sentirse “orgullosas” de tener una presidenta mujer. Desde los feminismos, en pronunciamiento titulado: “No es la primera mujer presidenta, es la primera dictadora del Perú”, suscrito por más de 130 organizaciones y colectivas, la respuesta ha sido deslindar tajantemente de ella, denunciar las violencias de su Gobierno y suscribir las amplias demandas ciudadanas que piden: su renuncia, nuevas elecciones generales y un referéndum para decidir sobre una Asamblea Constituyente[9]. Las feministas tenemos claro que lo que no es bueno para la democracia no es bueno para las mujeres y viceversa.
Es muy lamentable que la primera presidenta del Perú encarne un proyecto político de opresión patriarcal y racista, colocándose al servicio de las elites del poder económico[10]. Pero hay que tener cuidado con los discursos que pretenden desacreditar a “las mujeres” en el ejercicio de las esferas más altas del poder político por el desastroso desempeño de Boluarte. Una larga historia de presidentes varones, con todo tipo de falencias, delitos y autoritarismos en su haber, nunca ha llevado a cuestionar el lugar de los hombres en el ejercicio del poder.
Ocupar las posiciones subalternas en las estructuras de poder, con todas las desventajas que trae, tiene también el potencial de generar consciencia desde la propia experiencia respecto a lo que debe transformarse para una sociedad más justa. En ese sentido, la presencia de mujeres en la política podría tener el potencial de significar un cambio, no por una “naturaleza” de las mujeres, sino por la experiencia acumulada producto de un largo camino histórico en el que hemos estado más vinculadas, por ejemplo, al cuidado de lxs otrxs o por haber sufrido en nuestros cuerpos las violencias machistas. Claramente, el desarrollo de una mirada crítica y propositiva desde este posicionamiento no es el caso de Boluarte, lo suyo es ser más papista que el papa. Porque no basta con ser mujer, hay que cuestionar(se) el orden patriarcal, el racismo, el despojo económico y todas las opresiones que le dan forma a los autoritarismos y a la política como la conocemos.
NOTAS:
[1] Dina Boluarte en entrevista en programa Cuarto Poder (diciembre 2022).
[2] A propósito de esto, cabe decir que es muy lamentable el papel de la primera rectora de la UNMSM Jerí Ramón quien solicitó la presencia de la policía en la Universidad, otra mujer autoritaria que debe renunciar al cargo.
[3] Ramón Pajuelo la ha caracterizado así, definiendo misti como: “palabra que designa entre los campesinos quechuas a quienes no lo son, pero además se consideran superiores y buscan aprovecharse de esa condición”.
[4] Testimonio en evento de la Red de Mujeres Defensoras
[5] Testimonio en evento de la Red de Mujeres Defensoras
[6] Caso relatado por Rocio Silva Santisteban en evento de la Red de Mujeres Defensoras
[7] Testimonio de hermano de la víctima, reportado por Wayka
[8] Por ejemplo, en acusación fiscal presentada en contexto de protestas en el Valle del Tambo en Arequipa en 2015.
[9] Ver: https://www.facebook.com/AwqaFeministaLaFirme/photos/pcb.1352147122303906/1352146965637255
[10] No sería la primera, hay ejemplos varios: Margaret Thatcher en el Reino Unido, Jeanine Añez en Bolivia y, sin haber sido presidenta, Keiko Fujimori o también Malcricarmen en nuestro país, entre otras.
Angélica Motta Ochoa. Antropóloga feminista, magister en género y doctora en salud colectiva. Investigadora especializada en género y sexualidad. Profesora asociada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Autora de «La biología del odio, retóricas fundamentalistas y otras violencias de género».
https://www.revistaideele.com/2023/02/21/la-primera-mujer-presidenta-y-el-patriarcado-colonial/
