Perú: ¿Las luchas están en una nueva etapa?
Jorge Lora Cam
Tenemos que responder cómo vamos a hacer para defender los bienes comunes de la guerra contra los pueblos y contra la vida. En realidad es una de las tareas más complejas que tenemos por delante, porque no existen precedentes, ya que el viraje militarista del capitalismo y el secuestro de los estados por el capital financiero, modificaron las reglas del juego. (Raul Zibechi, Extractivismo rima con militarismo, La Jornada, 8 de abril 2023)
Grandes escándalos pueden conducir a crisis políticas. De una grieta a un potencial aluvión político
Las crisis políticas, generalmente han surgido en las alturas, han desatado la lucha de clases que desencadenan caída de regímenes políticos. Reaparecieron varias grietas, que en otro contexto, podría hacer explotar a la actual dictadura, pues los casos de narcolavado de Keiko Fujimori y familia por Joaquín Ramírez; la condena al exmilitar asesino Urresti que replantea al genocidio de los 80 y la mayor culpabilidad de las FFAA; las tesis de la Fiscal, que nos llevan al nombramiento de las mas altas autoridades judiciales por una red de corrupción y la degradación neoliberal de todo el sistema educativo. Estos hechos están encadenados al financiamiento de campañas de Keiko e involucran a los sujetos de la dictadura de los 90 y de ahora: financistas de campañas como la lumpen oligarquía (los dos hombres mas ricos del Perú Vito Rodríguez, Romero, entre otros), a lavadores de activos (Joaquín Ramírez y la Universidad Alas Peruanas-UAP) y lobistas; al criminal sistema judicial (jueces y fiscales que legislan para el poder, encarcelan o perdonan a su antojo, yendo mas allá de las atribuciones legales de la Fiscal Patricia Benavides y sus organismos judiciales), a Keiko y las redes mafiosas asociadas a las corporaciones extractivistas y al narcotráfico (“Olluquito”-Hayduk, congresista Vergara, Kenyi y almacén Limasa, avión de Fujimori, base militar del VRAE etc.) a las Fuerzas Armadas y Policiales, no solo por el genocidio y crímenes de lesa humanidad 1980-2023 (William Zapata, acusado de masacrador y hoy Presidente del Congreso, marinos) sino también por hechos vinculados al narcotráfico y otras actividades ilícitas; y, como veremos, al Congreso protector y dador de leyes que favorecen a los anteriores; y a la relación universidad y fiscalía, pues mas allá que la fiscal de la nación dice tener maestría y doctorado por la UAP, que la propia universidad niega haber otorgado, involucra a toda la sociedad y en particular a la ineficiencia administrativa del país, al embrutecimiento masivo de generaciones durante por lo menos tres décadas. Si todos los delincuentes involucrados en estos casos estuviesen presos, comenzaría a cambiar el país y tendríamos el cambio por otro régimen muy distinto.
Mientras la derecha dictatorial a través del control de medios lo insignificante lo convierte en mas importante que todo lo visto en el primer párrafo. Inventa otro griterío más (ya pasó las 50 causas contra Castillo) sobre el financiamiento de campaña de Perú Libre, en particular de Dina Boluarte, por el Sr. Shimabukuro y el papel del “español” en la creación de un centro de investigaciones y seguimiento de la oposición a Castillo, que derivo en denuncias a jefes policíacos por trafico de ascensos, destinos de trabajo y otras formas de corrupción policial; se deriva que cuando mas se investiga a Castillo mas aparece la corrupción de las relaciones políticas previas a Castillo y paralelas a su exvicepresidenta. Cuando mas se trata de desviar la atención del ultimo genocidio y sus responsables, como de la ilegalidad de la fiscal y del sistema judicial. Paradójicamente, mas aparecen evidencias de cómo funciona un sistema corroído por la podredumbre y su papel en el despojo de los bienes comunes. En medio de los continuos escándalos de corrupción en diversas instituciones, siguen las denuncias de negociados e ineficiencia por la autoridad con cambios para la reconstrucción del norte, una entidad creada en Lima con cerca de mil trabajadores con el objetivo de controlar los ríos, reconstruir 74 escuelas y construir 11 hospitales habiendo avanzado un 10%, cuando después de 6 años llegaron estos nuevos aluviones. Se responsabiliza al Gobierno central por contribuir a ese desastre, quedando en la sombra los otros culpables como la familia Acuña y su partido Alianza para el Progreso, que monopolizan el poder político en gran parte de la macroregión afectada.
Paralelamente –en política no hay casualidades- aparecen sospechosos nuevos escándalos protagonizados por congresistas como Rocío Torres, Magaly Ruiz, Heidi Juárez y otros del equipo de Cesar Acuña y de Keiko – y seguramente otros de las demás bancadas- extorsionaban a sus trabajadores congresuales sustrayendo parte de sus salarios. En general, lo hacen casi todos los miserables congresistas, que además de los enormes privilegios en trafico de influencias, sobornos, salarios, alimentación, salud, educación, vehículos, asesores amigos y familiares, sobornos, etc. viajan por el mundo y gastan en su publicidad privada, ocultando su inoperancia. Es mas que curioso que en el momento en que el Estado profundo, lumpenoligárquico, a través de la DBA ha logrado establecer una dictadura de militares-congresistas-ejecutivo y gabinete y sistema judicial; cuando solo les falta controlar el Jurado Nacional de Elecciones y la Defensoría del Pueblo (que participa en la elección del JNJ) y tratar de mantenerse hasta el 2026; surge un aparente ataque a la mafia de Cesar Acuña -que no olvidemos fue el tercero en discordia en los últimos procesos electorales, con todas las posibilidades de llegar a la Presidencia- con el probable propósito de eliminarlo como opositor.
En este contexto aparece el verdadero acontecimiento -no obstante que viene de mas de una década atrás- de incautación de valiosos bienes producto del lavado, con enormes repercusiones políticas. Los hechos que pasamos a interpretar sorprendió a todos pues parecía que se consolidaba la dictadura y ahora no se sabe si se trata del conflicto por quien ocupara la silla presidencial entre Cesar Acuña y Keiko Fujimori (Fuerza Popular de Keiko y Alianza para el Progreso de ACUÑA); o, si es una acción de la DEA-CIA y el gobierno norteamericano que habría impuesto esta medida interventora al sistema judicial enviando señales de su poder para reordenar las relaciones políticas en el Perú o se trata de las contradicciones entre quienes quieren apropiarse de lo que queda en concesiones mineras y litio. O simplemente se trató un juez y fiscal probos que ante la inminencia de modificar la ley de extinción de dominio por el Congreso para evitar incautaciones los obligo actuar. Sea como sea se abrió una grieta que será difícil de cerrar. Es un nuevo caso de lavado de activos, que en realidad tiene mas de una década, justo cuando Keiko se preparaba para la fuga ante la amenaza de 30 años de cárcel si se reinicia el juicio oral por el caso Odebrecht. Un evento de financiamiento ilegal de las campaña de Fuerza Popular del 2011 y 2016 por los lumpen empresarios mas poderosos del Perú: Dionisio Romero, Vito Rodríguez, el cartel de la construcción y el chileno Juan Rassmuss y la megaconstructora Odebrecht por mas de diez millones de dólares.
De allí que no parezca como acción casual -quizás como creemos sea una respuesta a Keiko que al eliminar a Acuña, ya no tendría contendientes (preso Urresti, a punto de ser encarcelado Cerrón, deslegitimado Humala, desprestigiado López Aliaga)- lo ocurrido desde el 11 de abril cuando presenciamos la más grande incautación de la historia peruana, y es sobre mas de 300 bienes maculados, productos de defraudación, del actual Alcalde por Cajamarca, Joaquín Ramírez y su red familiar (edificios, avionetas, vehículos), siendo un segmento de su riqueza global que llega a Miami y otras ciudades del mundo; incluso cuenta con denuncias de un colaborador, Vásquez, de la DEA por vínculos con el narcotráfico. Dedicado al lavado de activos e inversiones, llega a recibir dinero de congresistas y políticos.
Este escándalo, que algunos analistas sospechan que solo es una cortina de humo y otros señalan que tras la incautación estarían algunos bancos dueños de universidades en expansión o que existen fiscales que ante la posible caída de la Fiscal que habría recibido títulos de maestría y doctorado por esa universidad estarían interesados en ese puesto. Lo cierto es que compromete a todo el sistema político pues Joaquín Ramírez desde hace una década es protegido por Fuerza popular de las denuncias de lavado de activos y narcotráfico, recordando al narcoavión del expresidente Fujimori y la empresa Limasa, deposito de Kenji Fujimori, donde encontraron cientos de kilos de cocaína. La red de Keiko-Joaquín Ramírez tiene que ver con lavadores de activos de narcotraficantes, con mediadores militares de la marina, aviación, ejército y policía (General Vera con oficina en una de las propiedades de Ramírez).
No olvidemos que Alberto Fujimori cayo a raíz de un gran escándalo a raíz de los videos. Dina por su lado aunque ya es una mujer rica (recordemos el millón de dólares por aceptar el cargo) sigue acumulando denuncias tras el genocidio, por nepotismo y contratos amañados, es repudiada donde vaya, y lo peor que las otras ganancias que esperaba del litio -con Otárola- las concesiones y contratos ley mineros pueden frustrarse. Nadie duda que su futuro esta en la cárcel.
La universidad no se rebela
La bestial intervención autoritaria de Dina-Otárola en la Universidad de San Marcos llevo a muchos a pensar que podía reiniciarse la resistencia estudiantil, sin embargo nada de esto ocurrió. Rápidamente volvieron al sometimientos al proyecto neoliberal. Cuatro décadas de domesticación han logrado la inercia mental de buscar el titulo a como de lugar, pues sigue siendo una herramienta de ascenso social. Más aun después de dos años de educación a distancia por la pandemia en los que se retrocedió a la barbarie tecnológica de la repetición de lo que encuentran en las plataformas.
La universidad esta involucrada en los grandes escándalos de corrupción. Una entidad sumamente importante por que tiene que ver con el ethos de una sociedad, con la cultura o incultura, con el desarrollo científico, con la investigación o no, con el cambio o el estancamiento, con la conciencia o inercia, etc.; pero además puede ser una fuente de riqueza, de politización en organizaciones políticas, de perversión ciudadana, control de gobiernos regionales y locales. La universidad es el principal factor de hegemonía neoliberal. Son 140 (51 públicas y 89 privadas) y en el 2022 definen la vida de 1’060,078 estudiantes matriculados, más los millones de egresados en tres décadas; la tercera parte (330,986) estudian en universidades públicas y el 70% (729,092) en universidades privadas. En los años 90 la educación se convirtió en fuente de enriquecimiento (miles de millones de dólares), corrupción política y embrutecimiento neoliberal. Joaquín Ramírez-Keiko y Cesar Acuña tienen influencia en una cuarta parte del total; estamos hablando de 250 mil estudiantes en dos universidades en la actualidad. Son millones de egresados que ofrecen su capacidad laboral en una relación de 3 egresados de privadas por cada cuatro; de esa cuarta parte que queda salen los llamados caviares, que se ubican como expertos, consultores, asesores, funcionarios, parte de ONG, funcionarios de organismos internacionales. Si en la educación superior Investigan un 10% de públicas y 5% de las privadas, o sea, máximo 10 universidades tenemos la explicación del porque la universidad solo expide títulos, mientras no sabemos nada de los problemas del país.
Tomemos dos casos paradigmáticos de esta situación de calamidad educativa. Joaquín Ramírez es heredero de Fidel Ramírez, quien con el apoyo de Montesinos se apropió de la universidad cooperativa Alas Peruanas con el apoyo del poder judicial fujimorista y utiliza la universidad para variados fines, desde el embrutecimiento y envilecimiento ético de la juventud hasta fuente de enriquecimiento y lavado de activos. Llegando a tener 150 mil estudiantes en sus 19 filiales, pagando impuestos por mas de 500 millones de soles por ingresos producto de esa extorsión de mas de 10 mil millones solo en la década 2010-2020. Ya fue denunciada por lavado de activos el 2014 por ser fachada -junto a una red de grifos- de financiamiento del fujimorismo. Joaquín fue presidente de Fuerza Popular y hoy es alcalde de Cajamarca.
Otro hecho no menos importante es que la UAP (la más grande del país), nuevamente se desprestigia con el escándalo que involucra a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que llego a ese cargo por sus estudios de maestría y doctorado en la UAP y que el 13 de abril esta institución oficialmente niega que haya pasado por allí. No olvidemos que la Fiscal esta relacionada con su hermana juez relacionada con la liberación de narcos, por enormes sumas de dólares. Lo impactante es que este hecho ilegal y otros -como el pseudoproceso a Castillo- han deslegitimado a todo el poder judicial: Junta Nacional de Justicia, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, etc. y al Congreso por innumerables ilegalidades y que sin embargo pretende quedarse hasta el 2026.
Y esta “inestabilidad” va mas allá de las instituciones pues estas universidades han plagado la administración pública con sus profesionales que de ser técnicos de tercera ahora son mediadores del poder oculto ocupando cargos de funcionarios, asesores, consultores, congresistas, gobernadores que claman por consolidar a estas entidades y ya comenzaron con la captura de la Superintendencia de Educación Superior. No solo forman parte de una nueva corrupta aristocracia política plebeya, son culpables de la ineficiencia administrativa del país y, como veremos, son responsables de la despolitización y embrutecimiento de sus millones de egresados.
Cesar Acuña, un cajamarquino que a través de sus universidades logro entrar al mundo de la política y sacar al APRA de su solido norte. En esa microrregión norte hizo lo que Fujimori en el país -desde la Universidad Agraria llego a la Presidencia- reemplazándolo en el poder en aquel espacio usando los mismos métodos corruptos que su antecesor Fuerza Popular en el ejecutivo. Desde 1991 que funda la universidad pasaron 10 años de expansión a Chiclayo, Piura, Chimbote, Huaraz, Moyobamba y Tarapoto, Lima Norte, Lima Este. Llegando a gobernar el norte con las presidencias regionales de Trujillo bajo su mando y Chiclayo a través de su hermano Humberto que fue gobernador, congresista, acusado de estar involucrado en el caso Lava Jato en la red de Odebrecht y la irrigación en Olmos. Fue durante la década del 20 conductor orgánico del partido Alianza para el Progreso. La actividad política de esta familia se centra en Lima por su fuerte influencia en el Congreso. Cesar fue fundador del partido que el siglo XXI desde las universidades Cesar Vallejo y Señor de Sipán fue alcalde, congresista y Gobernador. En 1991 fundo la Universidad Cesar Vallejo y en estos mas de treinta años manejó el norte a su antojo llegando a la Amazonía norte (región San Martín) y a la capital. Todo un peligro para las elecciones del 2024 o 2026 a pesar de se acusado por la derecha bruta y achorada (DBA) de falso y mediocre. De hecho, cuenta con diplomas desde bachillerato hasta posdoctorado, todos cuestionados por la forma delictiva de haberlos obtenido. Además, esta hermanado con otro partido: Somos Perú, de su hermanastro político Vizcarra.
Los Gobiernos corruptos post Fujimori durante mas de 30 años llegaron a manejar el Estado gracias a la ignorancia, inocencia y credulidad popular que voto desde la mercantilización de la política y la privatización de la política, a través de la inconsciencia producida por una educación embrutecedora, la captura y secuestro de las universidades públicas, la venta a través de los medios de ficciones de país, imaginarios progresistas, fantasías democráticas como la esperanza en el desarrollo (Acción Popular), la reforma al capitalismo (Alan García), el liberalismo anticonservador y tecnología (el japonés Fujimori), el sujeto originario educado en Estados Unidos (Toledo), el nacionalista (Humala), el empresario norteamericano frente a la nefasta Keiko Pedro Kuczynski), el provinciano Castillo. (Vizcarra, Sagasti, Merino y ahora Boluarte fueron transitorios). Ninguno altero el sistema capitalista y desde la segunda mitad del primer gobierno de Alan impulsaron el saqueador sistema neoliberal. Después de todas esas experiencias y el desprestigio de Castillo por el abandono del proyecto original, por no combatir a la derecha cerrando el Congreso, por la continuidad de caos administrativo corrupto, del desorden, la corrupción y la incompetencia, los pueblos rechazan a los políticos y al Estado, al conjunto de las instituciones estatales gestionadas por organizaciones criminales. Culpan principalmente al fujiaprismo voraz y pragmático totalmente deslegitimado ante la sociedad, esta colusión de mafias perdió totalmente la confianza y hasta la posibilidad de interlocución y relación social. El pueblo quedó harto de espectáculos políticos fraguados que les resultan ajenos, cada vez menos, consideran que deben optar por el menos malo, pues entienden que los medios crean dos antagonistas que en realidad están umbilicalmente familiarizados y sus diferencias son temporales y de táctica. Ocurre que se empieza a pensar con autonomía, se intenta tener una interpretación critica y forjar una conciencia soberana a pesar de la preocupante la actitud de muchos devenidos críticos, entregados a la búsqueda de opciones de reforma por los canales institucionales ya pervertidos.
Las primeras universidades fueron creación de la iglesia, que desde la conquista y colonización entendió la importancia de la educación y el sometimiento mental y cultural. Hoy tienen un espacio considerable entre las privadas, desde la progresista UCP hasta la presencia del conservador OPUS DEI en la Universidad de Piura que tiene un papel fundamental en la derechización de la sociedad regional y otras mas de mediana calidad. La SUNEDU tuvo un papel doble, garantía de la universidad neoliberal y también influyó en impedir el aumento de las universidades chicha. Las políticas neoliberales se generalizaron, desde el cierre de sindicatos y federaciones de estudiantes hasta las evaluaciones externas y la educación fundada en los aprendizajes de habilidades y competencias; nuevo paradigma requerido por el mercado que niega la formación en saberes. En realidad se quedaron estancadas en la segunda revolución industrial y en la difusión de esta mediocridad desde las universidades publica en las regiones. Los fraudes en los exámenes de ingreso con la venta de pruebas fue lo menor, lo mas grave estuvo en que se apoderaron de los negociados en los posgrados en las de origen y cuando se jubilaron de las públicas crearon muchas de las inservibles privadas. Ya no hablemos de la oportunidad que se les abrió con las regalías y el canon minero. En todos los casos la SUNEDU impuso el paradigma, el contenido oculto, pero transversal del currículum de las competencias empresariales, en la formación de emprendedores, sujetos sin cualidades que creen en la suerte; dejando un espacio para las nuevas universidades tecnocráticas, (UTE y UTP) basada en sistemas educativos eficientes, diseñados y ejecutados por las corporaciones empresariales.
Un campo de acción que llene el vacío de la ausencia de investigación es el intervencionismo de ONG y fundaciones empresariales en consultorías para el Estado. En algunos casos financiadas por trasnacionales de la información y comunicación como Google, por otras corporaciones, hasta el Departamento de Estado norteamericano y en otros avaladas y promocionadas por la UNESCO, indiscutible orientador neoliberal intelectual de la reforma economicista y empresarial de la educación. Es hegemónica la visión cultural de la educación pública como subsidiaria de los intereses empresariales, la visión de la educación como mercancía y el adiestramiento cosificado de estudiantes adecuados a la flexibilización laboral para la optimización de ganancias, sin riesgos de inversión en una inversión en recursos humanos. Una de las funciones de la universidad neoliberal, además de embrutecer a la comunidad universitaria, fue vender títulos a políticos y altos funcionarios.
¿La reconfiguración del poder por arriba, puede llevar a una crisis política?
Las crisis políticas son verdaderamente disruptivas cuando se refieren a conflictos de clases antagónicos que pueden o no conducir al cambio social. Cuando las luchas son infrecuentes, esporádicas, transitorias, periódicamente, renuevan el sistema político o el propio Estado. Podemos comenzar identificando las características sobresalientes de las crisis políticas, que cuando coinciden pueden desatar un antagonismo generalizado:
Un aumento repentino de la tensión de los antagonismos de clase y/o étnicos en una sociedad política; cambio de intensidad, cubriendo cada vez un espacio más amplio y modificando la identidad de los sujetos. El conflicto étnico clasista esta fragmentado, en medio de una lenta reidentificación indígena en la microrregión sur andina y en menor medida en los andes del centro y norte; sin embargo en las ciudades de la costa, en particular en Lima, Chiclayo y Trujillo muchos aun reniegan de sus orígenes mientras mas integrados con el sistema neoliberal. Siendo lo mas grave, cuando lideres populares pierden la dignidad y se contaminan de corrupción, individualismo y ambición.
Alteración de la intensidad de las campañas de información del poder y contrapoder; la proliferación en la prensa de derecha de conservadurismo y autoritarismo y la alternativa de propuestas de liberación; surgen nuevos mediadores y alternativas que conduzcan a una escalada durante y después del conflicto. Las redes han servido para desarrollar la conciencia pero la organización, movilización y acciones adhesivas son otras practicas que requieren de un duro trabajo cotidiano, que con dificultades continua en ciernes, deslindando de la “izquierda organizada” para el voto y el clientelismo.
Los medios disponibles suelen ser movilizaciones de diversos tamaños con distintos instrumentos de acción política: marchas, bloqueos, huelgas, insurrecciones, revueltas y ataques más o menos característicos de otro nivel llegaron a sus limite coyuntural por la represión sangrienta, los desastres climáticos y la escasez de recursos. La guerra civil pacífica y prolongada requiere un tipo diferente de análisis al que conocemos por la rebelión armada de los años 80 y debe ser motivo de reflexión colectiva.
La crisis política también puede alcanzar su punto máximo cuando los políticos la utilizan para promover el cambio de poder a través de herramientas institucionales, legales, económicas, sociales e incluso políticas que afecten a sus partes. En el caso que analizamos fue diferente, pues lograron unificar intereses particulares con los del Estado profundo. La necesidad de proteger su proyecto sintetizado en la Constitución y las instituciones los llevo a recuperar a los viejos cuadros corruptos y criminales juntándolos con los jóvenes “emprendedores” salidos de la barbarie educativa, de la ausencia de ética y codicioso pragmatismo.
Existen contradicciones y conflictos en las alturas que paradójicamente pueden profundizarse mientras más instituciones controlen y más cerca estemos de las próximas elecciones. Sin embargo, mientras más crezca el campo de la resistencia la derecha tendera a reunificarse. En el campo popular, si bien existe un inicio de la crisis, esta muestra una discontinuidad en la continuidad, porque los eventos conducen a la unanimidad y no a un cambio en el equilibrio de poderes, la experiencia de este cambio nos obliga a reinterpretar el momento en que se rompe el continuo entre nuestro rango de expectativas y nuestro espacio de experiencia, anuncia la consolidación de un nuevo espíritu, una nueva cultura de ruptura que hay que preservar y expandir. Como producto de las potencialidades, el proceso depende de la intervención de la entidad contraria en el conflicto y su resultado. Dado que el Estado es un todo, sostenido por el capitalismo y sus leyes, imbuido de dominación, conflicto y resistencia de clase, las crisis nacionales exigen la acción de potenciales sujetos capaces de romper la continuidad, es decir, abrir grietas en el Estado colonial y abrir movimientos sostenibles de rebeldía.
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