PPK y la corrupción
Nelson Manrique
El presidente Kuczynski, luego de participar en el III Gabinete Ministerial entre Perú y Colombia, declaró que América Latina debía voltear la página para que “no esté metida en estos líos ni pillerías que estamos viendo hoy». Lo que vino a continuación no fue precisamente la vuelta de página que él demandaba.
La bancada de Nuevo Perú NP viene corriendo una moción de vacancia presidencial, que pretende sea multipartidaria y elaborada en consulta con otras organizaciones. La moción no habla del indulto y la gracia presidencial que PPK regaló a Alberto Fujimori, lo cual es llamativo porque esa es la diferencia fundamental entre la situación en diciembre, cuando NP se abstuvo de votar por la vacancia, y hoy, que la impulsa.
La bancada parlamentaria de NP acogió el pedido de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta de no politizar la demanda de la anulación del indulto y la gracia presidencial para no comprometer su estrategia legal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no política sino jurisdiccional. La no inclusión de este tema en la moción parlamentaria de NP no debe obviar, sin embargo, su más amplia difusión y propaganda en el escenario social y político.
La moción de NP se concentra en las transgresiones éticas cometidas por el presidente, al mezclar su función como funcionario público en ejercicio con sus negocios particulares (http://bit.ly/2BLkPpV). Hasta aquí PPK negó su participación en los negocios de Westfield, la empresa unipersonal de su propiedad, afirmando que, mientras él fue funcionario público, la empresa fue manejada por su socio el chileno Gerardo Sepúlveda sin ninguna intervención ni conocimiento de su parte, mientras él despachada a través de First Capital, otra empresa, independiente de la primera.
Pero las evidencias hoy conocidas comprueban, primero, su participación directa en asesoría financiera y colocación de bonos de TGP a través de Westfield, lo cual desbarata su afirmación de que él no tenía conocimiento de los negocios de esta empresa. First Capital por otra parte reemplazó a Westfield en los negocios suscritos con TGP y con el Trasvase Olmos, lo cual difumina la distinción entre ambas empresas, desbaratando la afirmación de que una no tenía que ver con la otra.
La información que nuevas entidades financieras deben aportar podría reforzar la impresión de que este mecanismo constituye un modus operandi. Se ha comprobado, por otra parte, que First Capital está vinculada a Latin American Entreprise Fund. (LAEF), empresa matriz de Kuczynski. Queda la imagen de que el presidente ha mentido una y otra vez para ocultar la verdadera naturaleza de sus negocios.
Existen serios indicios de que el presidente utilizó sus cargos en el Estado en su propio beneficio. Su participación en Interoceánica Tramo 2, H2OLMOS y el “faenón cervecero” apuntalan esta conclusión. Las investigaciones del congresista de Nuevo Perú Manuel Dammert confirman que Kuczynski desarrolló sus negocios actuando paralelamente como empresario privado y como servidor público, usando sus cargos para obtener beneficios para él y para sus empresas.
Un cronograma detallado elaborado por Dammert muestra numerosos ejemplos en que PPK, como ministro de economía y finanzas, primero, y primer ministro después, apoyó desde sus cargos varios negocios realizados con TGP y otras empresas dedicadas a la exportación del gas peruano, y con el consorcio de la Interoceánica. Hubo consultorías pagadas, leyes destinadas a facilitar la exportación de reservas gasíferas destinadas originalmente para el mercado interno, emisión de bonos, etc. No faltaron, asimismo, negocios entre Odebrecht y Westfield para asesoría financiera y la emisión y colocación de bonos por 100 millones de dólares para el proyecto Olmos. En este negocio se produjo la sustitución de Westfield por First Capital, como razones sociales intercambiables entre sí, y no independientes una de otra. Todo esto amerita una profunda investigación.
A todas estas evidencias se ha añadido la comprobación de que Jorge Barata visitó cinco veces a PPK cuando este era ministro de Economía, en 2004, y el reporte, entregado por el Banco de Crédito del Perú a la Fiscalía y a la Unidad de Inteligencia Financiera, de más de 140 movimientos bancarios, que incluyen movimientos con Westfield, First Capital, Odebrecht y otras compañías que el presidente dirigió o asesoró. La “muralla china” que según PPK separaba su actividad pública de la privada se ha venido abajo, y salen a la luz evidencias de un accionar corrupto, aprovechando la función pública para hacer negocios privados.
La afirmación de PPK de que son pequeños grupos ultras los que quieren vacarlo choca con las evidencias estadísticas que señalan que la mitad del país rechaza el indulto del que se valió para permanecer en el cargo. La mayor amenaza que ahora enfrenta son las declaraciones que debe brindar Jorge Barata a fin de mes. Se ha intentado bloquear su testimonio a través de la Procuraduría, exigiendo pagos de Odebrecht al Estado que impedirían su testimonio, al no darle garantías de que lo que diga no será usado en su contra. Seguramente este no va a ser el último intento de silenciarlo.
Es necesario mantener la vigilancia y la voluntad de movilizarse para se esclarezca completamente la verdad y se haga justicia.
