Ni corrupción ni explotación
Alejandra Dinegro Martínez
Quiero pensar que muchas veces cometemos -de alguna manera u otra, casual, inintencionadamente- el error de considerar que cuando se habla de defensa de derechos laborales, estamos hablando de los derechos de todos aquellos que cuentan con un trabajo. De los ya empleados, de los ocupados. Sean informales o no.
Pero no es así. Y es importante mencionarlo para que el conjunto de la ciudadanía lo entienda. La defensa de derechos laborales también incluye –y deberíamos considerar- a los desempleados, autoempleados, subempleados, los “nini” y los migrantes. De estos últimos, considerando a los mismos peruanos y a los extranjeros.
Pues bien, defender los derechos laborales, en el Perú, no ha sido tarea sencilla. Especialmente, en estos últimos 27 años, ha sido una defensa a muerte literalmente. La llegada e implementación del neoliberalismo rapaz, saqueador, precarizador e inhumano en la década de los 90, significó en palabras resumen: la privatización de las principales empresas del Estado, desregulaciones, mutilación de todo tipo de derechos, entrega de nuestros recursos naturales, y el recorte abrupto de los principales derechos laborales. Cuyos efectos, hasta hoy en día, son nocivos para las actuales generaciones y las venideras.
Ese mismo modelo, es el que el 31 de diciembre, Martín Vizcarra firmó vía Decreto Supremo (N° 034-2018-EF), avalando su “Política Nacional de Competitividad y Productividad”. Y digo “SU” porque él sigue representando esa misma continuidad y ese mismo programa que dejó PPK en materia económica: con saqueo a los recursos, con mayor precariedad laboral (en especial el trabajo juvenil), con privatizaciones en la salud, en servicios básicos como el agua y espacios públicos.
Por lo tanto, no concibo la idea de etiquetarlo como “la derecha menos mala” porque se está enfrentando a la corrupción del Ministerio Público. Mientras que por otro lado –en paralelo- aplica un programa, que va hasta el 2030, mientras es aplaudido por la Confiep y todos los que se reunieron en la CADE, que dicho sea de paso, no dijeron ni “pío” sobre la corrupción en la que están inmersos, al contrario, se lavaron las manos afirmando que la corrupción no afecta la economía.
¿A quiénes benefició, directamente, las reformas del gobierno de Fujimori? A las grandes empresas. ¿A quiénes beneficia, hoy, esta Política de Productividad y Competitividad Nacional? A estas mismas grandes empresas. Entonces, de qué lucha contra la corrupción habla Vizcarra. Si son estos mismos grupos empresariales, responsables de que nuestra política económica apunte siempre a recortar derechos de los trabajadores.
Este 15 de enero los trabajadores organizados nos invocan a una Jornada Nacional de Lucha. Por todos aquellos que hoy no tienen un empleo en condiciones dignas, marchemos juntos. El derecho humano básico es el trabajo.
