Perú: Narcoterrorismo de alto vuelo

Ronald Gamarra

La ultraderecha tiene la costumbre de terruquear a cualquiera que no comulgue o discrepe de su extremismo reaccionario. López Aliaga lo dejó muy claro cuando calificó al presidente Sagasti como “jefe de los terrucos… los terroristas lo reconocen como su líder”. Hay que tener la mente muy distorsionada para hacer afirmaciones tan delirantes, pero a eso los lleva el fanatismo y la carencia de escrúpulos cuando se proponen embarrar del peor modo a sus adversarios. Sin embargo, la ultraderecha tiene entre sus líderes y sus protegidos a gente que ha violado la ley hasta el extremo de incurrir en hechos que están en el campo del terrorismo e incluso el narcotráfico. Así como suena. Ni más, ni menos. Es el caso, por ejemplo, de Alberto Fujimori, a quien la ultraderecha defiende y presiona por su liberación, y a cuya hija apoyaron con todas sus fuerzas y capacidad para mentir y armar tinglados, pretendiendo imponérsela al país.

Alberto Fujimori fue el cabecilla de una operación para abastecer de armas a las FARC, organización armada colombiana, entre los años 1999 y 2000. La operación tenía por objeto entregar 10 mil fusiles a las FARC para fortalecer su capacidad de combate contra el gobierno y el ejército de Colombia. Diez mil fusiles de asalto para producir más muertes y destrucción en el país vecino. ¿Cómo denominar a quien hace esto? Terrorista, obviamente, sin rodeos ni la menor exageración.

¿Por qué lo hizo? Eso también es obvio: por dinero. Era un gran negocio abastecer de armas a las FARC. Además, era billete que entraba fácilmente porque de la organización de los detalles del trabajo concreto se encargaba su cómplice Montesinos. Qué le importaba a Fujimori la procedencia del dinero con que las FARC pagaban las armas. Todos saben que las FARC manejaban muchos dólares del narcotráfico. El que los recibe también está en la cadena del narco.

Fujimori contó en esta voluminosa operación con la complicidad de su socio Montesinos y del alto mando de las Fuerzas Armadas, asociado con él en la dictadura. Así es como don Alberto corrompía activamente la moral de quienes están encargados de la defensa del país frente a una agresión militar externa. Nadie ha untado más a decenas y decenas de altos oficiales de nuestras Fuerzas Armadas como lo hizo Alberto Fujimori, ese mismo a quien apoya la ultraderecha.

La operación de suministro de armas a las FARC por parte del gobierno de Fujimori era de una audacia y desfachatez que pasma. Unos integrantes de la organización de Fujimori y Montesinos negociaron directamente con los representantes de las FARC, en Colombia; otros se contactaron con el intermediario y luego con el traficante de armas, en Miami: Sarkis Soghanalian, en persona. En enero de 1999, en las meras instalaciones del SIN, se cerró el trato. 10 mil fusiles kalashnikov y 13 millones de cartuchos. Los fusiles tenían procedencia bielorrusa, pero se triangularían con el ejército de Jordania para camuflar el trayecto. Se suscribieron tres contratos de compra, hasta por 700 mil dólares. Entre marzo y agosto de 1999, en Amán, las armas se montaron en aviones Ilyushin, con tripulación ucraniana. Horas y kilómetros después se lanzarían en paracaídas, en el monte, en territorio del frente 16 de las FARC. Las naves llegarían vacías a Iquitos y Lima, prestas a cargar triplay, madera, café y frutas para Sarkis.

Fujimori y Montesinos se creían unos James Bond de las operaciones secretas, pero fueron descubiertos por el servicio de inteligencia de Colombia y la CIA norteamericana, que les exigieron explicaciones. Entonces, la dupla dictatorial montó de emergencia un escenario para simular que el gobierno de Fujimori “había descubierto” y detenido a los “verdaderos traficantes” de armas, para lo cual organizaron una mentirosa conferencia de prensa en agosto del 2000.

Pero era muy tarde. La CIA estaba ya en posesión incluso de las copias de los contratos de compra de los fusiles en Jordania por miembros de la organización de Fujimori y Montesinos. Ya no cabía forma de disimular lo perpetrado. Se habían registrado no menos de cuatro entregas de cargamentos de fusiles a las FARC. Este hecho fue uno de los factores que determinó la caída de la dictadura fujimorista pocas semanas más tarde.

Decenas de personas fueron sentenciadas por este caso, incluyendo a Vladimiro Montesinos, en un proceso penal que empezó en el 2001 y culminó en el 2010. En el año 2009, un juez determinó que Alberto Fujimori estaba pasando piola por este caso tan grave y pide la ampliación de las causales de su extradición, la cual en 2010 es aprobada por la Corte Suprema. Entre el 2010 y el 2021 este mandato estuvo detenido: ¡once años sin que ningún gobierno lo cumpliera!

Hay que recordar que Alberto Fujimori, en vez de ponerse a derecho en su país, se acogió a la soberanía de Chile, como Alejandro Toledo ahora en Estados Unidos, e hizo indispensable proceder a la extradición que, de acuerdo con las normas internacionales, se concede solo por los delitos que aprueba el país que concede la extradición, en este caso Chile. En la extradición pedida por el Perú en 2007 no estaba incluido este delito de tráfico de armas narcoterrorista con las FARC.

Ahora el pedido de ampliación de las causales de extradición de Fujimori será planteado por el gobierno peruano ante las autoridades de Chile. Es previsible que será concedido porque las pruebas son abrumadoras. Cuando el vecino acceda a esta solicitud, Fujimori podrá ser procesado penalmente por la justicia peruana como líder de una organización criminal cuyo propósito era hacer negocios millonarios de venta de armas a las FARC, tremendo lucro con el terrorismo y el narcotráfico internacional.

Como decimos, las pruebas abundan. La justicia peruana ya dispone desde hace muchos años de abultada documentación, donde hay declaraciones de exmiembros de las FARC, intermediarios de la dupla Fujimori-Montesinos y los contratos de compra de armas suscritos por ellos en Jordania, confesiones del propio bróker que facilitó la operación con el ejército hachemita, las del personal de la alta dirección del SIN; también, el récord migratorio de los involucrados (incluyendo al propio Sarkis) que los ubica en Colombia, Amán y Lima, antes e inmediatamente después de los lanzamientos del cargamento, así como los papeles proveídos por el DAS colombiano y las armas incautadas en Papiral y Guayabetal por la sétima brigada del ejército colombiano.

Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N°554, del 27/07/2021  p22

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