Perú: Complicidad eficaz
Ronald Gamarra
Colaboración eficaz… la de las bancadas de Fuerza Popular y Perú Libre, sin la menor duda ni titubeo. Una cooperación que es ya una complicidad abierta y se expresa en asuntos cruciales que tienen que ver con la imposición de cálculos y réditos fenicios sobre el interés público. Así sucede, por ejemplo, en la conjura contra la SUNEDU y la calidad de la educación universitaria, donde fujimoristas y cerronistas coparticipan con marcado entusiasmo y desvergüenza. Lo mismo acontece en el apoyo a los transportistas ilegales o informales que nos trasladan como bultos y al matadero. Qué decir de su connivencia en el sabotaje a la educación en igualdad de derechos para niños y niñas, que ambos sectores desprecian como “ideología de género”.
Ahora sabemos que el mutuo auxilio, tan activo como descarado, entre cerronistas y fujimoristas quiere traerse abajo la lucha anticorrupción y, para ello, nada mejor que torpedear y neutralizar las normas vigentes sobre colaboración eficaz en las investigaciones sobre casos criminales. A quién podría extrañar esta alegre coincidencia entre la derecha carca fujimorista y la ultraizquierda vocinglera cerronista, cuando ambos sectores tienen a sus respectivos líderes máximos, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, así como gran parte de sus cúpulas, procesados por escandalosos delitos de corrupción y lavado de dinero.
La colaboración eficaz es uno de los instrumentos más importantes usados por el Ministerio Público en la investigación de causas criminales de alto vuelo, para identificar a los jefes y patrones de las bandas y redes mafiosas, y obtener pruebas que se puedan presentar en juicio contra ellos. Mediante esta figura del derecho penal premial, se hace posible que algún miembro, e incluso un dirigente, de la organización delictiva, colabore con la justicia a cambio de un trato benigno. Es una herramienta jurídica de aplicación delicada, que exige investigadores preparados y dedicados. Los resultados han sido alentadores en muchos casos, y podrán serlo aún más en el tiempo y en las audiencias por venir. Por eso, no debe extrañar que esté en la mira de quienes deben explicaciones a la justicia.
El propósito de ahogar la colaboración eficaz es antiguo. Acá y allá, ayer y hoy, la camorra no quiere a los arrepentidos, los tirifilos detestan a los delatores, nuestra kosa naranja no digiere a los pentiti, y los dinámicos de toda región temen a los testigos de la corona. La purita verdad.
La actual iniciativa la puso en marcha en el Congreso anterior el partido Podemos Perú, de propiedad del inefable Pepe Luna, dueño de universidades basura y actual parlamentario, pez gordo de varias investigaciones por corrupción actualmente en trámite. Incluso estaba con orden de restricción domiciliaria cuando lo eligieron asambleísta. En la primera mitad del año 2021, la propuesta legislativa de Podemos se aprobó en el Congreso, pero el presidente Francisco Sagasti observó la ley, cerrando el paso, por el momento, a la intentona de traerse abajo la colaboración eficaz.
Sin embargo, bajo el nuevo gobierno de Pedro Castillo y con el nuevo Congreso presidido por María del Carmen Alva, los lobistas de la impunidad volvieron a las andadas y lo hicieron temprano, y nada menos que a través de Waldemar Cerrón, jefe de la bancada parlamentaria de Perú Libre, quien el 22 de agosto del año pasado exigió en la comisión de justicia que se diera prioridad al debate sobre el proyecto de ley para la reforma (léase neutralización) de la colaboración eficaz. Fue de las primerísimas cosas que hizo como legislador el hermanísimo del procesado Vladimir, reimpulsar el proyecto para debilitar y quitarle dientes a los artículos del Código Procesal Penal relativos al proceso especial por colaboración eficaz. Evidentemente, aquello de “luchar por una nueva constitución y refundar el Estado” solo es para los ingenuos.
Desde entonces, como se ha documentado, viene una asistencia estrecha entre Waldemar Cerrón y el fujimorista Hernando Guerra García para sacar adelante el dictamen favorable al proyecto y aprobar la ley, objetivo que se alcanzó a fines de enero en la Comisión de Justicia del Congreso. Votaron a favor de la propuesta la mayoría de los integrantes de la comisión, incluyendo a Perú Libre, con los marxistas-leninistas-odriistas Waldemar Cerrón, Guido Bellido y Álex Paredes; los fujimoristas Hernando Guerra García, María Cordero y Cruz Zeta; los neofujimoristas de Avanza País: Alejandro “Chistrís” Cavero y Alejandro Muñante; el acciopopulista Elvis Vergara y el fanático religioso Esdras Medina, el mismo que capitanea la comisión que está decapitando a la SUNEDU, más la exfiscal Gladys Echaíz, integrante de APP, el partido de César Acuña, otro promotor de universidades-negocio.
Aprobaron meterle mano a la colaboración eficaz a pesar de la oposición, sustentada por escrito, del Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. Se proponen poner cortapisas decisivas a los fiscales para obstaculizar la obtención de colaboraciones eficaces. También quieren imponer cárcel para los periodistas que revelen el contenido de la confesión de un colaborador eficaz (no su identidad, sino su relato). Claro está, no es por azar que esta maniobra legislativa coincida con un renovado ataque a la maltrecha institucionalidad del Ministerio Público, que necesitan controlar.
Van con todo y por todo. Unidos férreamente bajo la bandera de la impunidad, con el fujimorismo a la cabeza y el cerronismo cerrando filas junto a lo peorcito de la derecha. Ultraderecha y ultraizquierda, unidos venceremos: eso es lo que creen. Queda demostrado que la corrupción no tiene un color exclusivo y que sus cómplices siempre se pueden poner de acuerdo con gran facilidad, más allá de diferencias “ideológicas”, pues en el fondo son la misma cosa.
Esta intentona no debe pasar y no pasará si los ciudadanos nos proponemos defender con energía los avances logrados en la lucha anticorrupción.
Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N°575, del 25/02/2022 p21
