Perú: Medicamentos a la basura
Ronald Gamarra
«Las cinco empresas farmacéuticas indias que proveyeron esos lotes contaminados siguen siendo contratadas»
Hay una cifra que debería sacudir conciencias, interrumpir discursos, frenar campañas: 140 mil frascos. Ciento cuarenta mil dosis de medicamentos contra el cáncer arrojadas al tacho de basura entre 2019 y 2025 por el propio Ministerio de Salud. ¿La razón? Que estaban contaminados con bacterias, con fragmentos de vidrio, con menos principio activo del prometido. Es decir, veneno disfrazado de cura, o simplemente nada donde debía haber salvación.
No es una metáfora. Es un hecho escandaloso, inaceptable, relacionado con el aspecto más sensible de la salud pública, que es la atención al paciente en el momento, la forma y con la calidad debida.
Mientras esos frascos se pudrían en depósitos o ardían en incineradores, hubo pacientes que esperaron su quimioterapia y no llegó. Que confiaron y la enfermedad no esperó. Que murieron con la receta en la mano. Actualmente, la quinta parte de los medicamentos contra el cáncer que distribuye el Ministerio de Salud tiene stock insuficiente o, sencillamente, no hay. El país no tiene. Regrese mañana, si todavía respira.
La denuncia no vino del Estado, claro. Procedió del periodismo. De una investigación minuciosa y valiente publicada en colaboración por Salud con Lupa –organización peruana, presidida por Fabiola Torres– y The Bureau of Investigative Journalism, con sede en Londres. Dos entidades de la sociedad civil hicieron el trabajo que el gobierno rehúsa hacer: mirar, documentar, decir la verdad.
El informe tiene ya más de dos semanas. Afuera, en España, “El País” lo recogió con la gravedad que merece. Las organizaciones internacionales de salud encendieron señales de alerta sobre lo que ocurre en el Perú. Adentro, silencio. La gran prensa lo ignoró. El gobierno lo miró por sobre el hombro. Uno y otro lo pasan por alto y mantienen desinformado al público. El Ministerio de Salud guarda lo que el texto llama, con justicia, un silencio sepulcral, esa clase de mutismo que huele a complicidad, que suena a hueco, que pesa como una lápida sobre miles de compatriotas que pelean contra el cáncer en sus distintas y despiadadas formas.
Porque la enfermedad se puede vencer. Con detección temprana. Con medicación oportuna. Con un Estado que funcione. Pero el Estado, aquí, no funciona. El servicio de salud se deteriora, al parecer incontenible y letal, como sentencia una indignada línea de Vallejo. Y cada día, cobra vidas.
Lo más obsceno del asunto no es solo la magnitud del daño. Es su continuidad. Las cinco empresas farmacéuticas indias que proveyeron esos lotes contaminados siguen siendo contratadas. Hoy. Ahora. Seis años consecutivos comprándoles los mismos medicamentos que llegan con bacterias, con suciedad, con mentiras etiquetadas como medicina. Seis años de licitaciones, de firmas, de cheques, de reincidencia. Y en algunos casos, hay evidencia de que esos medicamentos no llegaron al tacho sino al paciente: fueron aplicados antes de que se activara la alerta.
¿Por qué se sigue contratando con ellas? La pregunta tiene respuesta, aunque nadie en el gobierno la pronuncie y no haga falta especular demasiado para identificarla. No es error, ni solo falta de supervisión en la importación y de ausencia convalidada, hasta el 2028, de certificación de las plantas de producción de los laboratorios a quienes se compra el medicamento. Se llama corrupción. Se instala en cúpulas burocráticas. Se alimenta de contratos. Y tiene partidos políticos que la protegen: Perú Libre, en los años de Pedro Castillo; Alianza Para el Progreso, bajo Dina Boluarte y José Jerí. Distintos nombres, mismo proyecto: copar el Ministerio con afiliados y compadres, construir redes de saqueo, y cobrar peaje sobre el sufrimiento ajeno. Es, pues, la consecuencia de haber establecido desde hace ya tiempo el predominio de los intereses creados de ciertas cúpulas burocráticas y empresariales, indudablemente corruptas, sobre el derecho de las personas a la salud. Y mientras ello sucede, en el Ministerio de Salud la norma es el incumplimiento de sus obligaciones ante los pacientes, cuyas asociaciones ni siquiera son debidamente recibidas y menos escuchadas por las autoridades.
Ante todo esto, corresponde exigir que el Ministerio Público intervenga y establezca responsabilidades penales, y que el Ministerio de Salud sea declarado en reorganización, al tiempo que el sistema de seguridad social, igualmente carcomido por la corrupción y la indolencia de sus funcionarios, sea sometido a cirugía mayor.
Y corresponde también exigir algo al periodismo político. En este proceso electoral, cuando se siente frente a los candidatos, les hable de esto. Que les pregunte por los 140 mil frascos. Que les interpele por las empresas indias. Que les demande qué harán para que un enfermo de cáncer reciba su medicamento a tiempo, sin bacterias, sin vidrio, sin mentiras. Los periodistas deberían encararlos con situaciones palpitantes como esta, en lugar de divagar sobre generalidades sin profundizar en nada. Deberían levantar la importancia de informes como el que reseñamos y no sólo contentarse y regodearse una y otra vez con las mismas anécdotas ridículas de los políticos. Difundir y debatir acerca de este informe sobre los medicamentos contra el cáncer no solo significa poner en el centro del debate un asunto en el cual se juega la vida de miles de compatriotas, que pueden ser nuestros propios familiares, amigos y vecinos, o que podríamos ser eventualmente cualquiera de nosotros mismos. Y, sin duda, significa también contribuir a la lucha decidida contra la corrupción que anida profundamente en el Estado y en particular en el Ministerio de Salud.
Porque el cáncer no distingue. La corrupción sí elige a sus víctimas. Y las elige, casi siempre, entre los que menos pueden defenderse.
26-02-2026
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 771 año 16, del 27/02/2026
