Narcotráfico, Lavado y Fujimorismo

Claudia Cisneros

Los cimientos del fujimorismo de Keiko tiemblan. El más grande narcotraficante del Perú será llamado a declarar en la investigación que la fiscalía le sigue a Joaquín Ramírez, principal financista y (¿muy?) cercano colaborador de Keiko. Ramírez y su familia están siendo investigados por lavado de activos y desbalance patrimonial, y esta semana se ha sabido que la Fiscalía de Lavado de Activos interrogará a Fernando “Lunarejo” Zevallos, narco de marca mayor que purga 25 años de cárcel en Castro Castro.

No es poca cosa que tu principal financista esté siendo vinculado con un narcotraficante del peso de Zevallos. Ya sabemos que en gran parte la derrota de Keiko se debió a la inexplicable defensa a capa y espada de Joaquín Ramírez, fujimorista de la cúpula investigado por la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos). Resulta que a Joaquín Ramírez, el amigo de Keiko, se le ha detectado en Perú un incremento “sospechoso” de patrimonio por más de 7 millones de dólares. Para la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que lucha contra el narcotráfico, también el círculo familiar más cercano de Ramírez es “sujeto de operaciones sospechosas”: su esposa, su prima y socia, su hermano el congresista Osías y gerente general del Grupo Ramírez (desbalance de 5 millones de soles) y su tío Fidel Ramírez, dueño de la Universidad Alas Peruanas.

Por increíble que parezca, en el país número uno en producción de cocaína (https://goo.gl/djhyAL) un grupo político usa su mayoría en el Congreso para debilitar las funciones de la oficina que investiga posible lavado de activos y narcotráfico, la UIF. ¿Por qué? Simple y aterrador: proteger a su oscuro financista, Joaquín Ramírez y cía.

Durante meses, fiscales sospechosamente ineptos llevaron el caso Ramírez sin hacer las diligencias debidas o dilatándolas. La fiscal Manuela Villar terminó eximiéndose por ser profesora en la Universidad Alas Peruanas de uno de los investigados, Fidel Ramírez, tío de Joaquín. Pero Villar –como apunta el semanario Hildebrandt en sus trece– no había pedido desde el 2014 pericia contable de los bienes del clan Ramírez adquiridos entre 1988 y el 2016. Tampoco había pedido la investigación de transferencias del exterior y hacia el exterior.

Felizmente la investigación ha pasado a manos de la fiscal adjunta Sara Vidal, que ha hecho lo que cualquier fiscal decente: solicitar las pericias de las cuentas y bienes, libros societarios e información a la Sunat.

Mientras el fujimorismo se burla de la impericia política del Ejecutivo meciéndolo tres semanas para la delegación de facultades y paseando a sus ministros por todas las comisiones presididas por ellos, lo que queda claro es que toda la artillería de la bancada fujimorista se abocó a proteger a su oscuro financista. ¿Cómo explicar si no que se opusieran primero a darle a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la potestad de hacer levantar el secreto bancario y reserva tributaria de los investigados (como es en toda la región y países que luchan contra el narcotráfico)?

No hay razón o argumento que justifique tan escandaloso descaro. Este inaceptable proceder quedó tan abiertamente descubierto que se vieron obligados a retroceder. Sin embargo, se han asegurado de usar su mayoría en el Congreso para poner trabas a la lucha contra el narcotráfico desde la UIF. Por eso terminaron aprobando las facultades para la UIF pero recortadas: por un lado, la UIF no podrá convocar a jueces especializados para procesar los pedidos de levantamiento de secreto bancario o tributario de los investigados. El resultado de eso es que los jueces de turno pueden responder a otros intereses contrarios a la justicia, como ha pasado hace poco con Ramírez. Y por otro lado, los fujimoristas se han asegurado de que la UIF no pueda compartir la información de los investigados con la ONPE o el JNE. Es decir, el fujimorismo no quiere ser transparente con sus cuentas y usa la política y las leyes para encubrir a su gente investigada. No es coincidencia que impongan estas trabas justo cuando Keiko y su esposo (https://goo.gl/2C5Yeo), así como el partido (https://goo.gl/MCa132) tienen una investigación por lavado de activos. Además de ser hasta 5 los congresistas fujimoristas investigados por lavado de activos: Beteta, Figueroa, Herrera, Monterola y Ramírez (https://goo.gl/4nTSGL).

Esto es gravísimo pero así estamos, con una mayoría política en el congreso que legisla para proteger oscuros intereses de millonarios dudosos a los que se les vincula con narcotraficantes o lavado de activos, y a los que resguardan usando la ley que es para todos los peruanos, en beneficio de su collera.

Como ha dicho en twitter Max Hernández: “El viejo fujimorismo incinera estudiantes. El nuevo fujimorismo blinda a los lavadores de activos…”.

http://larepublica.pe/impresa/opinion/808148-narcotrafico-lavado-y-fujimorismo

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