Perú: Ley, orden, caos e indulto

Claudia Cisneros

La ley es una de las herramientas más importantes de autorregulación en una sociedad. La ley pone orden al caos, brinda predictibilidad y seguridad cuando se aplica a quienes la infringen dañando alguna parte de la sociedad o poniéndola en riesgo. Las condenas sirven a una doble función: castigar a quienes incumplieron la ley, y como freno para quienes puedan, en un futuro, querer atreverse a transgredirla.

Si la ley se infringe y no se castiga a quienes la violan, no solo se está incumpliendo con un componente fundamental de la vida en sociedad, sino que se enfatiza el efecto exactamente contrario al que la ley promueve, es decir, se promueve indirectamente su transgresión. Quien ha delinquido y no es procesado y castigado por la justicia, se convierte en un modelo de comportamiento aberrante y dañoso para la sociedad. Y ese contramodelo debilita la cohesión de la sociedad, vulnera sus pilares, por ende, los comportamientos aberrantes se multiplican y la calidad de la seguridad en la sociedad decrece. También la predictibilidad acerca de la eficacia de la sociedad y sus leyes para mantener el orden, se debilita y por ende se debilita la confianza en las leyes, se debilita la confianza en quienes las deben hacer cumplir y se debilita la confianza en el sistema que teóricamente se promueve.

Cuando alguien que ha dañado alguna parte o toda nuestra sociedad es condenado con el debido proceso, respetando todos los derechos del acusado y con sentencias sustentadas en la ley, la jurisprudencia y los convenios internacionales, incumplir alguna parte de su condena o facilitarle privilegios es atentar de manera directa y grave contra el orden que la sociedad se autoimpone para asegurar la convivencia pacífica.

Cuando quien ejerce el más alto cargo del servicio público, el presidente del país, delinque, el castigo tendría que acarrear una pena más severa por el agravante de haber tomado el poder que los ciudadanos le prestamos temporalmente y haberlo utilizado para traicionar a esos mismos ciudadanos asesinándolos, abusándolos, robándoles. Es decir, cuando nosotros los ciudadanos le damos en calidad de préstamo el poder que emana del pueblo para que el líder lo ejerza con el objetivo de ordenarnos mejor, organizarnos mejor, servirnos mejor y en cambio este líder toma el poder que le prestamos para tornarlo en nuestra contra, en contra de la sociedad, debe ser considerado un agravante del delito que ha cometido, porque ha traicionado la confianza depositada en él como máximo servidor del pueblo y ha hecho un deplorable uso de nuestro poder para dañarnos.

Cuando quien ejerce el más alto cargo del servicio público, el presidente de un país (PPK), es quien pretende promover el incumplimiento de una condena legal y procedimentalmente impecable (la de Fujimori), el pueblo no puede permanecer estático. Porque este presidente está incumpliendo con su primera responsabilidad como gobernante que es la de proteger a su pueblo, asegurar su orden y confianza en el sistema mismo que él usa para gobernar. Cuando ese presidente (PPK) pretende utilizar el poder que los ciudadanos de este país le han prestado de manera temporal para ver por su mejor destino, y lo usa para traicionar a ese pueblo, el pueblo no puede permanecer callado ni inmóvil. Porque es el pueblo, su esencia misma la que está siendo vulnerada. Porque añadir a los privilegios de los que ya goza el reo –que por ser presidente debería tener condena agravada– un perdón o aminoramiento de su condena es mal usar el poder que le hemos prestado para cometer una ilegalidad, inconstitucionalidad e inmoralidad que, además, vulnera convenios internacionales. Más aun, cuando el reo jamás se arrepintió, pidió perdón, pagó la reparación civil o dio muestra alguna de remordimiento y enmienda. Hacerlo solo indica una de dos cosas: PPK es tan inútil gobernando que cree que es buen negocio canjear la legalidad por ilegalidad y que saldrá airoso o ganando algo de ello. O se ha vuelto cómplice blindador con esperanza de blindaje futuro. Cuidado, que PPK lo tenga claro: a más abuso del poder, más peligro para todos.

http://larepublica.pe/politica/1107791-ley-orden-caos-e-indulto

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