Confiep: insensibilidad y codicia empresarial
Jorge Manco Zaconetti
Ante la grave crisis y larga recesión que se nos viene, con una caída del PBI superior al 15 % para el presente año, y más de mil muertos por efecto del “corona virus”, con un aproximado de un millón de trabajadores afectados en el empleo, no resultan sorprendentes las declaraciones de los más altos representantes del empresariado criollo de nuestro país. ¡No han aprendido nada, y la codicia los embarga!
La gran mayoría de los grandes empresarios son simpatizantes y financistas del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori (1990/2000), el responsable del régimen más corrupto de la historia económica del Perú, que ya es bastante decir, frente a los gobiernos de la talla de Alan García, Manuel A. Odría, y Augusto B. Leguía, solamente por mencionar a los gobernantes del siglo pasado, e inicios del presente.
Así, la Sra. León presidenta de la Confiep, asociación representante de los gremios empresariales del sector privado, la misma que afirmaba en el sentido que el “Perú no es Suiza”, para presionar y justificar el reinicio de las actividades económicas, especialmente de las empresas mineras, pesqueras, e industriales, cuando todavía no se ha alcanzado el pico más alto del contagio.
Sí, es verdad, el “Perú no es Suiza”, donde en los cantones o provincias de lengua alemana, francesa, o italiana que conforman el país helvético, sería inconcebible que los bancos suizos receptores de las fortunas muchas veces mal habidas, cobren altas tasas de interés activas, es decir, realicen préstamos usureros.
En nuestro país, gracias a la concentración bancaria, abusos al consumidor y des regulación del sector financiero se pueden cobrar tasas de interés activa del 20 %, 40 % o más, en préstamos de consumo, teniendo una de las tasas de inflación más bajas del mundo.
UN CONTEXTO DIFERENTE
El Ing. Minero Roque Benavides, ex presidente de Confiep, ante el debate abierto por la urgencia de una norma que grave a las grandes fortunas, reproduce lo que sostuviera Víctor Raúl Haya de la Torre en su discurso de la plaza San Martín en el cierre de campaña del 1945, “No hay que quitar la riqueza al que la tiene sino crearla para el que no la tiene”, retrocediendo en las tesis revolucionarias del Apra, por las cuales cientos de peruanos apristas se inmolaron.
A diferencia de los años de postguerra, donde los Estados Unidos de Norteamérica y Argentina emergieron después del conflicto como la primera y la segunda potencias económicas, el Perú no pudo vender ni aprovechar la riqueza minera ni petrolera por los precios controlados que impuso el Tío Sam al gobierno de Manuel Prado Ugarteche, como el precio de nuestra contribución en la lucha por la democracia.
Mientras el país gaucho vendía carne y trigo a las potencias beligerantes tanto a Inglaterra o Alemania a cambio del oro contante y sonante, nuestro país producía minerales y petróleo para la economía a “precios regulados”
Mientras USA terminó constituyéndose en la potencia hegemónica al término de la II Guerra Mundial, Argentina empezó un largo declive, llevado por el rentismo de sus clases dominantes y la corrupción de los respectivos gobiernos.
IMPUESTO A LA RIQUEZA
En el actual contexto del Perú, donde estamos al borde de una catástrofe económico y social producto de los efectos del “corona virus” que ha puesto al desnudo con toda crudeza las supuestas fortalezas del “modelo económico”, se impone un impuesto a la riqueza patrimonial.
Ante un previsto desborde popular sobre todo en las provincias, en especial en el 70 % de la población que se reproduce bajo las condiciones de subempleo e informalidad, y ante la incapacidad del Estado central, regional y local de qué sirve ufanarse de ser una potencia minera.
Si bien, nuestro país ocupa un lugar de liderazgo en la producción mundial de cobre, plata, oro, zinc, y plomo, donde se han enriquecido notablemente los grupos y grandes empresas mineras, con una baja o misérrima participación tributaria, que hoy se expresa en el abandono de treinta años de abandono de la salud pública.
Las grandes empresas y fortunas mineras y de otros sectores, como la pesca, cementos, eléctrico, gasífero, agroindustria etc. tienen que asumir su responsabilidad social, pues no están pagando lo que debieran pagar en relación a la riqueza creada.
Si en el período de bonanza con altos precios de los minerales 2003 al 2014, han obtenido ganancias extraordinarias, y después los precios se han mantenido atractivos, gracias a los bajos costos de producción, mínimos costos ambientales y franciscana tributación.
RENTA MINERA AURÍFERA
Es más, en la presente coyuntura las empresas auríferas y cupríferas esperan mejores precios a pesar de la pandemia mundial. La China Popular demanda más del 50 % de la producción mundial del metal rojo, y espera crecer este año a pesar de todo.
En el caso del oro, si de un promedio de casi seis millones de onzas anuales producidas para la exportación a precios superiores a los US $ 1,450 dólares la onza con tendencia al incremento por su función de reserva mundial de valor, casi dos millones son producidas por la minería informal que no paga impuestos ni regalías con una grave contaminación ambiental.
Esta producción minera informal está articulada a la producción minera formal, pues en muchos casos las empresas formales compran la producción de la pequeña minería.
Es más, en la llamada minería informal, los tenedores de las “concesiones mineras”, como la actual ministra de energía y minas, cobran regalías del 15% al 30% a los pequeños mineros y mineros artesanales por la explotación de oro que yace en el subsuelo, y el Estado no participa de esta riqueza.
En verdad, ante la prevista catástrofe de la economía y sociedad, el sector minero en especial el aurífero está ansioso por aprovechar las mejores expectativas del precio del metal amarillo, que algunos estiman debe superar los US $ 2,000 dólares la onza a finales de año, con costos de producción reales menores a los US$ 800 dólares la onza.
SED DE RIQUEZA PRIVADA
Es tal la codicia de nuestros empresarios mineros que presionan por volver a las operaciones a “plena capacidad”, pues estuvieron bajo un régimen relativo de aislamiento con un mínimo de operaciones gracias a la norma que los calificó como “servicios esenciales”
Con las propias fuentes empresariales en el sector minero por ahora, a la primera semana de mayo se constatan más de 250 infectados por el “corona virus”, y solamente la Mra. Antamina que opera en el Callejón de Conchucos/Ancash, con más de 2,300 trabajadores ha tenido que reconocer el contagio de más de 210 trabajadores infectados por “corona virus”, sobre todo de las empresas de services o contrata que resulta ser la mayor participación en el empleo minero.
En verdad, ¿Qué se puede esperar a partir del 11 de mayo cuando se reinicien las operaciones mineras? Con un estado que no tiene un sistema efectivo de fiscalización, pues la Sunafil no podría supervisar virtualmente la realidad de las actividades.
GRUPO HOCHSCHILD MINING
En una entrevista amigable al Ing. Eduardo Hochschild en un diario local, declaraba la cabeza de una de las más grandes fortunas mineras del país, que lo ubican como el tercer productor mundial de plata gracias a la explotación de las unidades de Ares, Arcata, Pallancata, e Inmaculada, en Arequipa y Ayacucho respectivamente, y titular de Cementos Pacasmayo, además de loable promotor educativo de Tecsup y de la universidad tecnológica UTEC
Si bien en la referida entrevista se hace mención a las diversas actividades benefactoras del grupo Hochschild para paliar el “hambre del entorno minero”, y los diversos aportes tecnológicos que estaría por hacer en salud, lamentablemente ninguna aclaración sobre la compra de una serie de departamentos en el corazón de Nueva York, con una inversión de US $ 28 millones de dólares en plena pandemia.
Si bien debemos reconocer el pleno derecho de tales inversiones en una empresa que opera exitosamente en el país y declara su matriz en paraísos financieros, con resultados elusivos a las rentas fiscales.
En tal sentido, sería interesante saber por la mínima transparencia los abonos del impuesto a la renta realmente pagado por las operaciones mineras y cementeras, pues el canon minero que percibe Ayacucho, y Arequipa, más el “canon no metálico” producto de las actividades industriales en el subsector cementero son francamente miserables.
En verdad, el impuesto a la riqueza patrimonial resulta un imperativo histórico, social y moral hasta por el propio interés de las clases propietarias/empresariales que se han beneficiado de una serie de exoneraciones, devoluciones tributarias, elusiones fiscales, regímenes especiales y abusos al consumidor. El Presidente Martín Vizcarra tiene la iniciativa por ahora y en el Congreso de la República se preparan para discutir el tema.
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