Perú: Los pobres y la inflación
Pedro Francke
Millones de peruanos han sufrido un tremendo golpe económico con la inflación desatada a partir de la guerra de Rusia contra Ucrania. “Nos enfrentamos a una crisis sobre otra crisis”, dijo en febrero la jefa del FMI Kristalina Georgieva, recordando la recesión inducida por el Covid los años anteriores. El hambre y el empobrecimiento masivo están aumentando hace meses y todavía las respuestas resultan muy insuficientes.
LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES
Frente a la inflación se han aplicado tres políticas. Para reducir los precios de los combustibles, el gobierno los exoneró temporalmente del impuesto selectivo al consumo –ISC– y amplió el subsidio del llamado “Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles” –FEPC–. Aplicada en un contexto de precios internacionales al alza, la medida no se sintió mucho.
En términos de política, ya caducó la exoneración del ISC, pero en las negociaciones con los transportistas se amplió aún más el subsidio del FEPC. Porque, aunque el FEPC se llama “Fondo de Estabilización” y supuestamente guarda fondos cuando el precio internacional es bajo y los suelta cuando este es alto, en la actualidad funciona básicamente como un subsidio financiado por el presupuesto público. Este subsidio sí tiene efecto sobre los precios del diésel y las gasolinas, mientras los grandes intermediarios distribuidores se apropian de una parte del presupuesto asignado.
Lo bueno es que las semanas pasadas el precio internacional del barril de petróleo ha retrocedido de cerca de 120 dólares a 100 dólares. Sin embargo, esta rebaja va a llegar solo muy parcialmente a los consumidores porque el mecanismo del FEPC implica un retiro automático del subsidio cuando los precios internacionales bajan.
Las limitaciones del FEPC se agrandan en el caso del gas que usamos en nuestros hogares, en cuyo caso alrededor de la mitad de los fondos se quedan en la cadena de intermediarios, que es larga y poco transparente. Mejor opción, por eso, es masificar el uso del gas natural y ampliar el bono FISE a las familias necesitadas, algo que aún se ha hecho muy poco.
LA EXONERACIÓN DEL IGV A LOS ALIMENTOS
Una segunda política frente a la inflación fue la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los pollos, huevos, fideos, pan y azúcar, aprobada por el Congreso. Esta exoneración sigue vigente hasta fin de mes, pero ha tenido un efecto social muy limitado. Por un lado, varios de estos mercados están dominados por oligopolios; por ejemplo, el pollo y los huevos están concentrados en su producción en apenas tres empresas. No hay condiciones de competencia que aseguren que rebajarán sus precios tras la exoneración. Por otro lado, buena parte de la comercialización de estos productos, en particular para los más pobres, es informal; así que a ellos cualquier beneficio tributario les llega muy poco en forma de menores precios. Este beneficio se concentra en las clases medias y altas urbanas y limeñas que compran en las grandes cadenas de supermercados, y no en quienes sufren de hambre. Felizmente, se pudo contener la primera propuesta de Maricarmen Alva, que era de una exoneración mucho más amplia y aún m
ás beneficiosa para monopolios y clases altas.
LA INFLACIÓN Y EL BCR
A menudo se olvida que quien está encargado en nuestro país de mantener la inflación bajo control es el Banco Central de Reserva. El artículo 88 de nuestra Constitución establece que “La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria”. Así, evitar que los precios suban rápidamente es, constitucionalmente, el único objetivo que tiene el BCR. El directorio presidido por Julio Velarde tiene una sola tarea y se le debe evaluar únicamente en función a que mantenga la inflación a raya. He escrito en otras oportunidades que a mi juicio el BCR debiera tener en mente también el crecimiento y el empleo, como es el caso de la Reserva Federal norteamericana, pero hoy por hoy, la Constitución es absolutamente diáfana respecto al objetivo único del Banco Central de Reserva.
La política del BCR en estos meses frente a la inflación se resume en una variable clave que este fija: la tasa de interés. El Banco Central, mediante el control que tiene de la cantidad de dinero en circulación, regula la tasa de interés con la cual les presta dinero a los bancos y estos entre sí. Esta tasa, llamada “de referencia”, el BCR la ha elevado fuertemente, pasando de la mitad de un uno por ciento hace un año a seis por ciento ahora, doce veces más. Consecuentemente, los bancos les suben la tasa de interés a sus clientes. Esta alza en el último año ha sido en promedio de 9 puntos, pasando el promedio llamado FTAMN de 15,7 a 24,7 por ciento, aunque siempre hay mucha diferencia entre lo que le cobran a una megaempresa –5,8 por ciento– y a una pequeña empresa –36,6 por ciento–. Con esa alza, los costos financieros de las empresas se han elevado bastante.
La semana pasada expliqué la lógica macroeconómica del BCR de subir las tasas de interés para controlar la inflación: al encarecer el crédito se reduce el consumo y la inversión, con el supuesto de que al restringir la demanda habrá menor presión para el alza de precios. Con menos inversión y menos demanda también habrá, por cierto, menos crecimiento y generación de empleo. En Estados Unidos, donde hay más puestos de trabajo vacantes que personas buscando trabajo, esto no es tan grave, pero en el Perú, con alto desempleo y mucha pérdida de puestos de trabajo en la pandemia, esto tiene un alto costo social.
Y LA GENTE
Frente a la inflación, todas las opciones tienen costos elevados, ya sea para el fisco, la economía, las empresas y la gente. Pero un tema que en nuestro país no puede evadirse es la necesidad de una respuesta del Estado frente a la emergencia alimentaria actual. No hacer nada no es una opción válida.
Por supuesto que, en el largo plazo, queremos que la gente tenga buenos empleos y ahorros propios, pero a nadie en su sano juicio se le ocurriría poner eso por delante tras un terremoto o un huaico que arrasa con viviendas completas. La analogía es válida: esto es una emergencia y hay quienes están pasando hambre porque lo que ganan no les permite llegar al fin de la semana. Además, hay niñas y ancianos vulnerables para quienes la solución no es crear empleos sino un sistema de protección social.
Es un grave error pensar que “hoy la hambruna les va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos”. En el Perú hay mucha gente que trabaja duro y no le alcanza, menos ahora que un kilo de huevos está cerca de los diez soles y por un sol sólo te dan tres panes. Hay también muchos que no consiguen un empleo. Frente al hambre, hace rato que el Estado debió dar un bono de ayuda alimentaria que llegue a todas las familias vulnerables, y el Congreso debe facilitar al máximo que eso suceda en vez de estarle poniendo trabas. Sobre el alcance y la focalización de este bono escribiré la próxima semana; sólo resalto ahora que en Chile el presidente Boric ha anunciado un “Bono Invierno” equivalente a casi 500 soles para más de 7 millones y medio de personas, el triple que el número de pobres; ellos, aun teniendo menos espacio fiscal que el Perú, están incluyendo ampliamente a las personas necesitadas. Ante la emergencia del hambre, no estaría mal mirar hacia el sur.
Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N°594, del 15/07/2022 p14
