La mermelada de De Soto
Alberto Chirif
A Perico, Pedro García, luchador incansable
En una reciente entrevista en Canal N, Hernando De Soto dialoga con el periodista Jaime Althaus sobre una serie de temas vinculados a la minería informal. Uno de ellos es comunidades indígenas. Queda claro que ninguno de ellos conoce sobre el tema y ni siquiera ha visitado alguna de ellas. Bueno, en realidad De Soto anduvo una vez en Iquitos y se acercó a una ubicada en el Momón donde mora un grupo de boras que fueron traídos por los caucheros de su lugar de origen (el espacio interfluvial situado entre el Putumayo y el Caquetá, en Colombia) durante la segunda década del siglo pasado. En su nuevo asentamiento, la gente fue usada como mano de obra en un fundo del cauchero peruano Julio César Arana. Cuando este quebró, los boras permanecieron en el lugar y, al pasar del tempo, decidieron incursionar en la actividad turística o alquilarse para algún espectáculo, como el reality realizado por la TV chilena donde una periodista necia retaba a un bora a besarla y luego salía exclamando ¡qué asco! Ahí hacen los nativos bailar a extranjeros y peruanos, y a algunos economistas que luego dan cultos discursos sobre la realidad indígena, junto con fórmulas para que salgan de la pobreza que caen en un tema recurrente: la venta de las tierras comunales como modo de capitalizarse para así convertirse en prósperos empresarios.
En la reciente entrevista, sin embargo, De Soto zurce una serie de temas: minería informal, ex senderistas y emerretistas, Movadef (Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales), inversión paralizada, agitadores encubiertos y otros, combinados con consejos que nunca le faltan sin importar el tema, ya que deja ver que él (yo es una de sus palabras más queridas que él repite apuntándose el pecho con el dedo para que no quede duda de que, en efecto, es a él mismo a quien se él refiere) no solo sabe de todo sino que ha estado en la solución de los grandes problemas del país, el terrorismo entre ellos, y pretende estar en la de otros, como la minería informal y la pobreza.
Como escribió hace poco Carlos Alberto Adrianzén (La Mula, 11/7/15), De Soto se muestra particularmente proclive al primer pecado capital: la soberbia, y en la búsqueda de gloria y poder que inflame aun más su ya prominente pecho, no ha parado mientes en vincularse con dictadores como Muamar Gadafi, Hosni Mubarak y Alberto Fujimori, y con desaforados autoritarios como Alan García. Es decir, con cualquier prepotente que pueda escucharlo.
La charla comienza con Althaus preguntándole por una reunión suya con Movadef. De Soto inicia su respuesta señalando que a él “le preocupa porque son un montón de mineros en la minería informal. Unos dos millones con sus familias de repente unos 5 o 6 millones quizás más y están trabajando en un país donde no tienen derechos y son continuamente perseguidos y no se puede seguir persiguiendo a la gente”. A estas alturas Althaus le dice pero qué tiene esto que ver eso con lo del Movadef. De Soto dice “estamos llegando”. No obstante, Athaus más adelante vuelve a insistir en que no entiende por dónde va el discurso de De Soto y, al parecer, esta es la idea que le queda hasta el final cuando decide dar por concluida la entrevista, ante la protesta de De Soto.
La maraña se hace más enrevesada cuando de Soto señala que en una investigación que hacen en ILD sobre los problemas de la minería informal, han entrado también en los de la formal. “Tú vas viendo que la minería informal también aparece como la propiedad informal, como la agricultura informal en lugares como Tía María, como Conga que se oponen a la gran minería que yo creo que es indispensable para el país”.
Luego el periodista cuestiona la cifra dada por De Soto de inversión detenida a causa de las protestas contra la minería: “Tú lo que has dicho es que hay cerca de 70 mil millones de dólares en proyecto mineros paralizados”. Indica que esa cifra es “novedosa” porque se hablaba de 20 o 30 mil… De Soto se defiende diciendo que esas cifras las sacó de “una excelente edición sobre minería de Perú 21. Cuando Althaus le aclara que toda la cartera peruana de minería es de 60 mil y lo paralizado asciende a unos 25 o 30 mil millones de dólares, el entrevistado corrige que “eso los 70 mil millones] comprende también hidroeléctrica y todo [sic] proyectos de recursos naturales”. “Ah bueno ya”, señala ya satisfecho Althaus.
Me detengo en este recuento de la entrevista para hacer una primera referencia al alegre manejo de cifras y conceptos que maneja De Soto. La primera es acerca de los mineros que son “un montón, unos dos millones de repente unos 5 o 6 millones quizás más”. Un montón de mineros y otro montón de familiares. No se define ni uno ni otro pero seguramente en los oídos de muchos que escuchan la charla queda la idea de que realmente se trata de algo muy grande y, dado el contexto, también muy problemático. Al respecto, José de Echave, ex vice ministro de Gestión Ambiental, pone en tela de juicio estas cifras, señalando que “ninguna proyección conocida se acerca a la del presidente del Instituto Libertad y Democracia”. Cita “proyecciones que fluctúan entre las 100,000 personas y otras como las de la Sociedad Nacional de Minería en Pequeña Escala -Sonamipe- que llegan a quintuplicar dicha cantidad (Ver Servindi). Lo que buscan estas cifras es abultar los problemas porque más tarde vendrá la segunda parte: los ungüentos mágicos que tiene De Soto para solucionarlos. Digo mágicos no para desprestigiarlo, que de eso se encarga él mismo, sino para referirme al hecho de la ausencia de propuesta concretas y específicas para componer la situación. Formalizar a mineros que realizan actividades informales e ilegales es una solución tan estúpida como arreglar el problema del narcotráfico dándoles títulos, asistencia técnica y créditos a los sembradores de coca. Lo que hay que abordar es el poder contaminante de mineros y cocaleros y la manera cómo estas actividades afectan tanto la economía como el tejido social del país.
El otro “montón” al que alude es la inversión paralizada: 70 mil millones de dólares, al inicio, que luego son reajustados por el periodista entre 25 y 30 mil millones de dólares, es decir, en una cifra que representa entre el 36% y el 43% menor de la voceada por el economista. Mal dato para el currículo de alguien que aspira a convertirse en el gran componedor de los males del país. Sorprendería la ligereza del entrevistado para lanzar la cifra sino tuviéramos la sospecha de que su intención no es ilustrar el problema con montos sino dejar en la mente de los televidentes que se pierde un “montón” de dinero a causa de las protestas contra la minería. De Soto va agravando el problema para que así su curación mágica aparezca más grande y él más importante. No obstante, sorprende también su complacencia frente a la salida que le ofrece el entrevistador quien al inicio, cuando le hace ver la enormidad de la cifra, parece ensayar una crítica a De Soto. Me pregunto cuál hubiera sido su actitud si delante hubiera tenido un dirigente indígena o campesino, o a un profesional que estudia los efectos de la minería, si en vez de decirle que el derrame o los relaves afectaron 20 000 hectáreas de suelos y bosque le hubiera dicho que fue el doble de extensión.
El tercer comentario que quiero hacer sobre lo señalado hasta ahora de la entrevista es esa mezcolanza que hace De Soto: minería informal, propiedad informal, agricultura informal en Conga y Tía María. La propiedad de las comunidades es formal. Está reconocida por la Constitución (la vigente, la que dio durante el gobierno de Fujimori); por el Código Civil, que declara que: “Las comunidades campesinas y nativas son organizaciones tradicionales y estables de interés público, constituidas por personas naturales y cuyos fines se orientan al mejor aprovechamiento de su patrimonio, para beneficio general y equitativo de los comuneros, promoviendo su desarrollo integral” (Art. 134º; ver siguientes hasta el 139º sobre el mismo sujeto de derechos); por dos leyes específicas una por cada tipo de comunidad; y por el Convenio 169 que tiene rango constitucional. Que a De Soto no le guste la propiedad comunal es otro tema, pero no puede alegremente declararla informal. Por otro lado, como él ubica lo que califica de agricultura informal la que se realiza en las zonas donde se encuentran los proyectos de Tía María y Conga, debo entonces suponer que él considera como informales cultivos como papa, habas, arracacha, frijoles, arroz, maíz y otros que allí se producen. Es una barbaridad que se demuestra por sí misma y por eso no voy a dedicarle más tiempo.
Los despropósitos en que incurre el entrevistado son numerosos. Decir, por ejemplo, que quienes se oponen a sus planteamientos llevan ventaja porque aparecen en todos los medios regionales y nacionales es una mentira demasiado grande como para que ni siquiera él mismo se la pueda creer. De Soto es entrevistado en los medios de un consorcio periodístico que controla el 78% de la prensa nacional, en el que además contrata suplementos pagados de ocho páginas a todo color, algo que, por supuesto, las organizaciones indígenas o las que los apoyan en la defensa de sus derechos no pueden pagar. Es como escuchar a Goliat, quien aparte de su tamaño, tiene lanza y escudo, reclamándole a David de ser un abusivo por usar una honda. Pero el periodista no reacciona, sigue escuchándolo sin que asome en su rostro una pizca de duda.
No voy a emplear más tiempo aclarando cada uno de los despropósitos de De Soto. Sí quiero, en cambio, detenerme en tres puntos: la visión que entrevistado y entrevistador tienen de comunidades que, como ya señale al inicio, no conocen; las soluciones que De Soto plantea para superar los problemas actuales de oposición a la minería y, en general, a cualquier gran proyecto que los pobladores rurales, agrupados o no en comunidades, sientan que afecta sus derecho a la vida ya a su economía; y la descalificación de las protestas con el argumento que las protestas son obra de terroristas.
De Soto dice que las comunidades ya no existen porque todos tienen sus parcelas y ya no trabajan comunitariamente. Althaus se refiere a ellas, con tono descalificador, como “colectivismo primigenio”. Aunque el periodista se cuidó de emplear el término primitivo no hay que ser adivino para darse cuenta que este es el que él tenía en la cabeza. Lo cierto es que las comunidades no son ni primitivas ni primigenias, sino instituciones producto de las reducciones misionales de los siglos XVII y XVIII, en el caso de las andinas, y de otros procesos reductores ocurridos en el siglo XX (patrones, colonización, escuelas) que tuvieron lugar en el siglo XX, en el d las amazónicas. Lo que de ninguna manera puede suponerse es que son instituciones congeladas en el tiempo, obsoletas, sino, por el contrario, entidades en continuo proceso de adaptación a los cambios modernizadores de la sociedad global. Que en las comunidades todos tengan sus parcelas y no trabajen colectivamente es verdad, tan verdad como que nunca han cultivado tierras comunitariamente, a menos que se hayan propuesto la tarea, de manera excepcional, para conseguir fondos para un evento, tal vez una fiesta patronal o solventar algunos gastos de la comunidad. La idea de que las comunidades trabajaron juntas la tierra y que todo se hace de manera colectiva viene solo de su imaginación, y aunque esta puede ser una fuente productiva si de hacer literatura se trata, cuando se ejerce como periodista o economista que quiere establecer rumbos de desarrollo para el país la distorsión fantasiosa es un mecanismo para desinformar, para hacer creer a los televidentes lo que no es. Y esto puedo ser motivado por dos razones: ignorancia o mala fe. Escojan los aludidos la respuesta que consideren adecuada a su caso. Por lo demás refutar una idea falsa que uno mismo ha creado acerca de una institución como las comunidades es probablemente expresión de un tipo de autismo. Pero yo no estoy calificado para analizar trastornos neurológicos.
Lo dicho no invalida que existan tareas que se hagan de manera colectiva. En las comunidades andinas, la limpieza de los reservorios de agua y las acequias de regadío es tarea que se hace de manera conjunta. También pasan por este sistema el mantenimiento de servicios comunes, como la escuela, botiquín de salud, iglesia, cancha deportiva y otros. En las amazónicas, la tumba, es decir, la tala del monte para establecer una chacra es trabajo colectivo que, sin embargo, no se hace con “la comunidad” como un todo sino con el círculo de personas que dentro de ellas mantienen compromisos de reciprocidad: “Tú me ayudas esta vez yo lo hago lo siguiente”. Luego, la producción, el deshierbe y la cosecha son tareas familiares individuales, y también lo es el beneficio de lo obtenido. Entre esos círculos se comparte también el producto de la pesca y de la casa. De igualmente manera que las andinas, en las amazónicas los servicios comunes y el mantenimiento de áreas sociales (canchas deportivas, caminos vecinales) son objeto de trabajos de limpieza y mantenimiento realizados hechos entre todos.
En las comunidades la propiedad es comunal, pero la posesión es familiar, salvo las tierras de pastoreo que son de uso común. Proponer la parcelación de las comunidades es absurdo dado que en las andinas la gente maneja diversos pisos altitudinales adecuados a los requerimientos de los diferentes cultivos. Maíz, frejoles, habas, olluco y papas crecen en diversos ambientes determinados por su altitud sobre el nivel del mar. Se trata de áreas pequeñas no aptas para cultivos extensivos, sino para el tipo de agricultura practicada en los Andes que es muy eficiente. Este ha sido un tema ampliamente desarrollado por diversos investigadores, entre ellos, el etnohistoriador estadounidense John Murra en su trabajo “El control vertical de un máximo de pisos ecológicos en la economía de las sociedades andinas”. El trabajo en comunidad implica una zonificación del hábitat, en la que cada espacio es dedicado a una actividad vinculada a su vocación. Por otro lado, en la Amazonía las aptitudes o vocaciones de los suelos y bosques varían mucho de acuerdo a criterios como pendiente, cercanía de ríos, ambientes inundables u otros. Por estas razones, la parcelación de las comunidades sería un atentado para su alimentación y abastecimiento de materiales que no solo depende de la chacra sino también de lo que se obtiene en el monte (desde animales de caza hasta frutos, madera, hojas de palmeras para viviendas y otros).
Pero las comunidades, junto con los pequeños campesinos independientes, son fundamentales para la producción de los alimentos que consume el país, ya que la lógica de la agroindustria es la ganancia mediante cultivos de exportación, como espárragos, alcachofas y otros que no son de consumo diario ni siquiera en los hogares de mayor poder adquisitivo. Entonces afectar a las comunidades es arriesgar la capacidad de producir los alimentos que sirven para garantizar su propia sobrevivencia y, a la vez, para mantener a la población nacional.
La visión urbana del binomio entrevistado/entrevistador les induce a pensar que parcelar es un acto tan fácil como lotizar terrenos en una urbanización, donde el criterio básico es la dimensión lotes que, sin embargo, son esencialmente iguales porque no entran en juego variables como capacidad productiva. Es probable también que para ellos eso de obtener alimentos y materiales de construcción del monte les suene a primitivo por lo que tal vez sea necesario recordarles que allí no existen súper mercados ni grandes tiendas de productos ferreteros y madera prensada, dado que los empresarios descartan inversiones de este tipo por no rentables a causa de la falta de dinero de la gente.
Pero más allá de cuestiones productivas, la comunidad es importante por ser una institución donde se generan normas y manejan conflictos. No es un barrio cualquiera de un distrito, no es un pueblo joven, sino un ámbito que reúne personas articuladas que quieren vivir en paz, con responsabilidades mutuas y normas de convivencia. Son entidades donde se ejerce ciudadanía, eso que justamente falta en grandes ciudades como Lima en la que el que tiene poder (que puede ser dinero, influencias políticas o un vehículo más grande que su contendor) atropella al otro, en sentido literal y figurado, para hacer prevalecer sus intereses. Ciertamente, con la presencia y aporte organizativo de las comunidades el Estado podría lograr metas fundamentales como, en el caso de la Amazonía, el control de la tala ilegal que ahora no puede por no tener recursos, o ser escasos, por contar con personal corruptible o decididamente corrupto, o todo a la vez. Es decir, las comunidades tienen un potencial de gobernanza no solo referida a cuestiones internas sino zonales y regionales que el Estado, en vez de promover su destrucción, debería preocuparse por fortalecerlas.
Por último, debo decir que actualmente no hay nada que impida a las comunidades que lo deseen parcelar sus tierras y desactivar su personería jurídica. La Constitución vigente de 1993 elimino las garantías de las tierras de las comunidades como inalienables e inembargables, y mantuvo solo la de imprescriptible, que fue asaltada por al menos cuatro de los “decretos de urgencia” de Alan García que promovieron el “Baguazo”.
Pero no, De Soto quiere que la solución sea rápida y se imponga a las comunidades. No hay que consultar a las comunidades sino proceder con la parcelación. Y acá entro al segundo punto referido a las soluciones que ofrece el economista. Si Fujimori anunció en el autogolpe que “disolvía” el Congreso, los gobiernos regionales y otras instancias democráticamente establecidas, De Soto exclama: “Tienes que destruir el derecho que hoy día no representa la realidad”. Como las comunidades están protegidas por la Constitución, el Código Civil, dos leyes específicas una para las campesinas y otra para las nativas, un número grande de leyes secundarias, el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, menuda tarea la que le queda a los legisladores en este proceso de demolición. Claramente él descarta la opción voluntaria de que las comunidades pidan su salida de este régimen. La destrucción, el bombazo artero que mata todo de un solo golpe es lo que él quiere. Se expresa con la certeza propia del ignorante: “Hay que agarrar toda esta mermelada de distintos contratos y encontrar una forma, una por una. Hay 50 u 80 personas comprando y vendiendo el mismo pedazo. Los engrapan, los llevan y lo formalizan al interior de la comunidad. Eso hay que hacerlo nacionalmente”. ¡Listo! Muerto el perro se acaba la rabia.
Su opción por vincularse con dictadores y líderes autoritarios, como Gadafi, Mubarak, Fujimori y García, es clara. Sus medidas me hacen recordar a las impuestas por Pinochet para intentar quitarse de encima reclamos de las comunidades mapuches y de los pueblos indígenas de Chile. Rebajó paulatinamente los quórum para disolverlas y, ante el fracaso de esta estrategia “promotora”, dictaminó que si uno quería la extinción de la comunidad era suficiente. Lo cierto es que Pinochet murió en medio de acusaciones de corrupción, pero las comunidades lo han sobrevivido fortalecidas.
La propiedad es mágica para De Soto y desliza maliciosamente que esto podría resolver el gran problema actual de superposición de derechos, es decir, que las comunidades tienen la propiedad superficial pero no la del subsuelo. Este ciertamente es un problema que justamente se intenta resolver mediante la consulta previa, libre e informada, tal como está planteada en el Convenio 169. Pero la propiedad del suelo, sea esta individual o colectiva como la de las comunidades o la de las empresas, no sirve para solucionarlo. Si el Estado descubre que hay valiosos yacimientos minerales en San Isidro, La Rinconada o el balneario de Asia, o también claro en barrios de gente de medianos y bajos recursos, nada le impedirá proceder a explotarlos. Pero como los poderes no están equilibrados en este país, es posible que en los casos de esos barrios y del balneario citado los lobbies tengan efecto en favor de los moradores, mientras que los de La Victoria o El Agustino deberán organizarse y recurrir, como los campesinos y nativos, a marchas y bloqueos de carreteras para intentar ser escuchados y respetados. Ejemplo de la efectividad de los lobbies es lo que sucedió hace unos años en Ancón cuando el Estado planteó la posibilidad de hacer un puerto que afectaría el balneario. Aunque no es claro lo que pasó, lo cierto es que poco tiempo después nadie volvió a mencionar la propuesta.
Por último, atribuir al terrorismo las protestas por las actividades minera y petrolera es apelar a la mentira y desconocer los efectos negativos causados por ellas a lo largo del tiempo. Fue la actitud de la Inquisición de descargarse de problemas buscando mujeres para quemarlas una vez acusadas de brujas. Fue la opción del senador McCarthy para, en la década de 1950, levantar acusaciones infundadas e interrogar en procesos irregulares a enemigos políticos, acusándolos de ser comunistas. Cuando se dice que la oposición a las industrias extractivas frena el desarrollo no se saben (o se quieren ignorar) datos como los del PNUD que ubican a los distritos de Andoas, Urarinas Pastaza y Trompeteros, en los que se produce la mayor cantidad de petróleo en la Amazonía peruana, en los puestos 1801, 1686, 1627 y 1573, respectivamente, en el ranking nacional, según distritos (1832 en total), en el índice de Desarrollo Humano (IDH). En ellos, la pobreza monetaria es de 83.9%, 74.6%, 74.1% y 69.4%.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática señala: “los distritos más pobres de la región Puno son aquellos donde se explota algún mineral. Por ejemplo, en Pichacani-Laraqueri (Puno) el 82.7% de sus pobladores son pobres y 37.8% están en pobreza extrema; mientras que en San Antonio de Esquilache (Puno) la pobreza es de 87.2% y la pobreza extrema 49.9%”. (INEI 2009 “Conozca a los más y menos pobres del Perú”. Nuevo mapa de pobreza. http://cecopros.org/principal/
Sería también saludable que De Soto y Althaus revisaran la información sobre salud y educación en la Encuesta demográfica y de salud familiar. Nacional y departamental del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Lima, 2003). Allí podrán ver que los departamentos con actividad extractiva más antigua (Puno, Junín, Pasco, Cajamarca, Loreto y otro) presentan los peores índices de “Prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 59 meses de edad (2012)”, “Prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años de edad (2012), y “Desnutrición entre menores de cinco años de edad” (2012). Sobre comprensión lectora según Ugel en Loreto podrían consultar http://umc.minedu.gob.pe/wp-
Cuestionan también esa visión falaz de desarrollo los indicadores de contaminación ambiental en Loreto. Las cuatro cuencas más antiguas de explotación petrolera (Pastaza Corrientes, Tigre y Marañón) han sido declaradas en emergencia por el Ministerio del Ambiente durante el actual gobierno. La declaratoria se basó en los resultados de los informes de la Autoridad Nacional del Agua (Ana), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), ambos dependientes del Ministerio del Ambiente; la Dirección General de Salud Ambiental, del Ministerio de Salud; y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Los niveles de presencia de metales pesados exceden los máximos permitidos por el MINEM, a pesar de haber sido elevados por dicho ministerio para tratar de acortar la brecha entre lo permitido y los resultados de las muestras. Los horrores de la contaminación no son inventos como los de De Soto sino que están debidamente demostrados en informes oficiales que incluyen actos tan bárbaros como la desaparición de la laguna Shanshococha en la cuenca del Pastaza.
Limitar el tema a mencionar las protestas y relacionar a estas con el terrorismo es perverso e irresponsable. Lo primero porque oculta la realidad de actividades que solo afectan negativamente a las comunidades y, lo segundo, porque desconoce el hecho de que ellas tienen voluntad de diálogo para lograr acuerdos que permitan desarrollar esas actividades, pero a condición de que también se beneficien y, sobre todo, de que el Estado ejerza su labor de cautelar por la salud del patrimonio natural de la Nación. Los avances logrados por Puinamudt (Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de su Territorio) en la consulta previa para la licitación del lote petrolero 192 son, en este sentido, notables.
Nuevamente digo que De Soto es ignorante o actúa de mala fe. Que él mismo responda a esta disyuntiva. Lo que sí ya demostró es que la única mermelada en este asunto es la que él tiene en la cabeza, preparada “con mala uva” (como dicen los españoles), con la que trata de confundir al público.
Agradecemos a Alberto Chirif por compartir sus reflexiones con nuestros lectores y lectoras.
